Las cooperativas de recolección de residuos se encargan de recoger un volumen de materiales reciclables cinco veces mayor que los programas llevados adelante por alcaldías locales. (Cortesía de Tarsila Pereira)

PORTO ALEGRE, Brasil - La Política Nacional de Desperdicios Sólidos (PNRS, siglas en portugués) será implementada luego de ser promulgada el 10 de marzo, tras 20 años de debate.

Con la PNRS, Brasil espera ser capaz de mejorar el manejo de toda la basura que produce el país.

"El acuerdo principal está referido a la implementación de un concepto de gestión compartido, un aspecto esencial", dice José Valverde, abogado especializado en ley medioambiental y asesor del congresista federal Arnaldo Jardim, miembro del Partido Popular Socialista (PPS), quien coordinó el equipo multipartidario responsable de la reciente promulgación de la ley.

La PNRS dispone responsabilidades en todos los niveles de gobierno --federal, estatal y municipal -- así como para empresas privadas y la sociedad. Cada sector cumplirá un rol importante en el manejo de la basura, para que la misma pueda ser tratada y reciclada.

Como resultado, se espera que las actividades de reciclaje experimenten un gran avance. Actualmente, sólo un 7% de los municipios brasileños, unas 405 ciudades, aplican prácticas de recolección selectiva, según el Compromiso Empresarial Brasileño para Reciclaje (Cempre, en portugués), una organización sin fines de lucro compuesta por empresas de distintos sectores que tiene el objetivo de promover programas de reciclaje.

En 1994, tan solo 81 municipalidades tenían programas de recolección selectiva, según Cempre.

Pero tomando en cuenta los 54,7 millones de toneladas de desperdicios urbanos que Brasil generó en el 2008, todavía queda mucho por hacer, ya que sólo el 13% de esa cantidad fue reciclado en ese año.

Y de las 54,7 millones de toneladas, 24,6 millones estaban compuestas por elementos secos, la porción del producto que puede reutilizarse como materia prima.

La PNRS también podría ayudar a definir un mapa exacto de la generación de basura en Brasil, desde la descarga y transporte hasta el destino final de los desperdicios. Los municipios estarán a cargo de llevar un control de este proceso y compilar la información.

También habrá responsabilidades para las empresas privadas. Las compañías que fabriquen pilas, baterías de celulares, cubiertas, lámparas fluorescentes, productos electrónicos y pesticidas serán responsables de reunir los productos y paquetes que puedan ser reutilizados.

"Finalmente tendremos un marco legal", dice Valverde, enfatizando "la importancia de las nuevas reglas como un instrumento económico y de gestión para desarrollar la industria del reciclaje".

A los efectos de fomentar el reciclaje, la PNRS establecerá parámetros de acceso a líneas exclusivas de crédito para empresas. Además, las empresas privadas que tengan éxito en la gestión de desperdicios serán recompensadas con exoneraciones fiscales.

La PNRS también debe reforzar el papel social del reciclaje. Con el desarrollo de la cadena completa de reciclaje, las cooperativas de recolección de residuos, que ya cumplían un papel importante en este proceso, serán aún más esenciales.

El programa también podría resultar en la formación de cooperativas integradas por las 800.000 familias en todo el país que se ganan la vida recogiendo basura en las calles.

"Para tener una idea de la importancia del trabajo realizado por estas personas, las cooperativas de recolectores recogen un volumen que es cinco veces más grande que los proyectos organizados por los gobiernos locales", dice André Vilhena, director ejecutivo de Cempre.

A medida que comiencen a reciclarse volúmenes más grandes de desperdicios, el costo del proceso disminuirá. Los datos de Cempre sugieren que la escala de la actividad tiene una influencia directa sobre el dinero que debe destinarse a la recolección selectiva.

En 1994, el proceso costaba diez veces más que la recolección tradicional. En 2004, esta comparación descendió a seis veces, y en 2008, a cinco veces. En 2008, el costo promedio de las actividades de recolección selectiva fue de US$221 por tonelada, en comparación con US$44,20 por tonelada de recolección tradicional, según Cempre.