Medellín es el hogar de 3.000 jóvenes que pertenecen a 250 bandas, según la policía. (Raúl Arboleda/AFP/Getty Images)

MEDELLÍN, Colombia – La alcaldía de la ciudad está trabajando para integrar en la sociedad a cientos de ex guerrilleros y rebeldes que abandonaron los grupos terroristas.

Sergio Fajardo, ex alcalde de la ciudad y candidato a la vice presidencia de Colombia con el Partido Verde que encabeza Antanas Mockus, diseñó una iniciativa de intervención en 2004 llamada Regreso a la Legalidad, que más tarde se llamó programa Paz y Reconciliación. El objetivo del programa subvencionado por el gobierno, que supervisa la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es que se extienda a nivel nacional.

"Tenemos unos 500 participantes en Medellín, o sea, ex combatientes viviendo en la ciudad que están listos", dijo Juan Pablo Estrada, coordinador del área psicosocial de este programa. "[Son ex combatientes] que están trabajando, o en la escuela, que no tienen altos índices de consumo de alcohol o drogas, ni de violencia doméstica, que no tienen riesgo de reincidencia detectado, que no son vulnerables en términos de vivienda".

De los 48.037 desmovilizados que viven en el país, 31.637 pertenecían al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y 16.400 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según señala la alcaldía de la ciudad. El número de ex paramilitares de las AUC que residen en Medellín está en torno a los 4.258, en comparación a los 817 ex miembros de las FARC y el ELN.

Estrada sostiene que de los 3.473 que participan en el programa Paz y Reconciliación, el 60% son jóvenes.

El programa estatal está dividido en las áreas de capacitación y educación, apoyo psicológico, asesoría jurídica, atención a las víctimas, prevención de reclutamiento y preparación para la entrada en la población activa.

Cada participante recibe un subsidio mensual de $400.000 pesos (US$205 dólares) que cubre gastos, también tiene la oportunidad de culminar sus estudios primarios y secundarios, y cuenta con asesoramiento laboral y atención médica.

En noviembre de 2008 se graduaron los primeros 150 participantes del programa, después de que cada uno "resolviera muchos asuntos y estuviera listo para convivir en sociedad como un ciudadano más, con niveles educativos que les [permita] acceder a empleos dignos, y aspirar a un proyecto de vida en la legalidad".

El personal del programa ha formado a ocho ex combatientes para que asesoren a adolescentes y que no se unan a un grupo armado. Nueve de cada diez homicidios en los peligrosos barrios de Medellín los comete alguno de los 3.000 jóvenes que pertenecen a unas 250 bandas, llamadas “combos” o “parches,” equivalentes a las “maras” centroamericanas, según ha informado la policía.

"No vamos a decirles que estuvimos en un grupo armado ni nada de eso. No vamos a dar testimonio de nuestra vida inicialmente", dijo uno de los excombatientes que tutela a los jóvenes, y que solicitó mantener su anonimato. "Vamos a entregarles herramientas para que ellos mismos puedan solucionar sus propias diferencias".

Se espera que la experiencia piloto tenga su primera evaluación en septiembre, momento en que las autoridades decidirán si continúa en 2011. "Si nosotros podemos salir adelante, detrás nuestra vendrán más”, dijo el ex combatiente.

"Somos personas que salieron de la ilegalidad y que ahora contribuyen de un modo diferente a [lograr] la paz en Colombia. Somos ocho armas menos en la calle".