Un tramo del oleoducto transandino, el cual tiene 305 kilómetros de extensión y transporta un promedio de 45 mil barriles de crudo diarios desde Putumayo hacia la costa Pacífica de Colombia, sufrió una voladura que significó el derrame de cinco mil barriles de crudo. (Cortesía Ministerio de Minas y Energía)

BOGOTÁ, Colombia – Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han realizado al menos 40 ataques a oleoductos en lo que va de 2011, según el Ministerio de Minas y Energía.

“La imagen se repite en muchos departamentos, desde Nariño, hasta Putumayo, pasando por la Guajira y otros, las FARC atentan contra los oleoductos y con sus acciones causan millones de pérdidas económicas y daños medioambientales severos, perjudicando, como siempre, a la población civil”, dice Gustavo Wilches, ambientalista colombiano.

De los 40 sucesos, 13 resultaron en voladuras de oleoductos que obligaron a empresas a detener el bombeo de algún tipo de hidrocarburo, lo que causó daños ambientales en las zonas aledañas.

En octubre pasado, un tramo del oleoducto transandino, el cual tiene 305 kilómetros de extensión y transporta un promedio de 45 mil barriles de crudo diarios desde Putumayo hacia la costa Pacífica de Colombia, sufrió una voladura que significó el derrame de cinco mil barriles de crudo.

En un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, se denunció que el oleoducto Caño Limón – Coveñas, uno de los más importantes del país, ha sufrido derrames por más de un millón de barriles desde 1996.

El mismo informe destaca que entre 1986 y 1996, década de alto activismo y criminalidad de las FARC contra la industria petrolera colombiana, hubieron 636 voladuras de oleoductos.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo en octubre pasado a los medios de comunicación que el Ministerio reforzaría la seguridad de los oleoductos con una nueva inversión en equipos tecnológicos que mejoren las capacidades de las Fuerzas Armadas y su movilidad para perseguir y prevenir los ataques terroristas.

“En Colombia tenemos dos problemas importantes en cuanto a explotación de nuestros suelos”, dijo el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. “El primero, minería ilegal, porque está siendo en buena forma, controlada por los grupos al margen de la ley, y es la importante y creciente fuente de financiación. El segundo son las acciones terroristas de grupos como las FARC contra los oleoductos en nuestro país, estos atentados son una muestra de que las FARC no tienen ninguna intensión de negociar pacíficamente, al contrario solo quieren perjudicar el medio ambiente de Colombia y afectar la industria”.

El Ministerio de Defensa informó que el Gobierno colombiano destina un 30% de sus activos militares a la defensa de las infraestructuras minero-energética del país, lo que equivale a unos 80 mil uniformados.

Los ataques de las FARC ocurren en una época en la que la industria petrolera está creciendo. Vale la pena recordar que entre enero y agosto del presente año la producción petrolera de Colombia alcanzó en noviembre los 965 mil barriles diarios, con un aumento de 17,53% comparado con el mismo periodo de 2010.

Para el director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Armando Zamora el problema del petróleo en Colombia se debe a las acciones de los grupos terroristas y las consecuencias económicas de sus atentados.

“Colombia cuenta con más de 100 empresas de diversas partes del mundo dedicadas a la exploración y producción de petróleo, lo cual ha convertido al país en modelo en Latinoamérica. Sin embargo, las acciones terroristas le están generando un alto costo económicos al estado, a los colombiano y al medio ambiente”, dice Zamora.

Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) la inversión extranjera directa del sector petrolero a final de 2011 alcanzará US$4.000 millones, superior a los cerca de US$3.000 millones de 2010.

Para el fin de este año, Colombia debiese estar producuiendo un millón de barriles diarios, según UPME.

El Ministerio de Defensa informó que alrededor de 80 mil solados (cerca del 30% del número total de efectivos) defienden la infraestructura minero-energética a nivel nacional. (Cortesía Ministerio de Minas y Energía)

Wilches dice que los ataques terroristas han causado daños profundos en el medioambiente, como contaminación de las aguas y menos superficie para cultivar tierras, lo que ha forzado a residentes de éstas áreas a desplazarse del lugar,

“Muchos de los ríos contaminados toman décadas en recobrar su pureza, y muchos nunca vuelven a tenerla en un 100%”. Esto obliga a muchos campesinos a cambiar de lugar de residencia o los obliga a comprar agua, es decir sus gastos aumentan y sus ingresos disminuyen, porque en sus presupuestos no estaba contemplado el hecho de necesitar abono especial para cuidar sus cosechas o agua de otras partes para regar la tierra”.

Wilches dice que las acciones de las FARC han devastado al país.

“Lo que hacen las FARC es lo que los ambientalistas llamamos ‘crímenes ambientales’, ellos no saben la consecuencia de sus actos y no se imaginan que debido a su oleada de atentados entre 1986 y 1996 prácticamente han envejecido nuestro país 50 años”.

Santos recalcó el punto de Wilches.

“Las FARC son uno de los grupos que más aportan a la contaminación de nuestro país y por ende de todo el continente”, dijo Santos recientemente. “Sus acciones contra la industria del petróleo, lo único que hacen es sumarle más delitos irreparables a su larga lista de crímenes”.

Para el analista político de la Universidad de los Andes, Adrián Serrano, las intenciones de las FARC van por el lado de protestar la presencia de compañías extranjeras beneficiando la economía colombiana.

“Las FARC creen fervientemente en no dejar que compañías extranjeras exploten lo suelos colombianos, es por eso que atacan a toda la industria en general desde multinacionales con negocios en el país, hasta petroleras con tradición como Ecopetrol”, dice el experto.

Serrano añadió que en departamentos como Arauca y Putumayo, las FARC comparten territorios con otros grupos al margen de la ley como el ELN.

“Hay una clara lucha de poderes territoriales, y muchas veces los atentados que se realizan en esa zona es una manera de avisar al otro grupo terrorista quién domina la zona”, dice.

Sin embargo, los estragos de estas voladuras en el medio ambiente no distinguen entre un grupo terrorista y otro, según Rafael Rodríguez, consultor internacional en política ambiental.

“La tala de árboles para sembrar coca, los miles de galones regados en nuestros pisos, todo eso han convertido a estos grupos en amenaza para el medio ambiente. Talar un solo árbol significa tener que esperar al menos 20 a 30 años para recuperarlo. Estos grupos talan por héctareas, asi que aunque alguno dicen que estos grupos ya han causado 50 años de envejecimiento ambiental a Colombia, para mí son muchos más los años. Si además sumamos las repercusiones ambientales de recuperar la tierra, las especies y los cultivos tras un derrame estamos hablando de pérdidas materiales incalculables y para nuestro país las pérdidas ambientales son incuantificables”, concluye Rodríguez.