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Según la Dirección Antidrogas de la Policía peruana (DIRANDRO), de enero a mayo de 2012 se han iniciado 4.059 procesos de investigación a personas por delitos relacionados con las drogas, incluyendo 846 por tráfico, 600 por microcomercialización y 2,613 por consumo. (Enrique Castro-Mendivil/Reuters)
LIMA, Perú – Una amenaza constante. Esta es la principal conclusión de la encuesta “Percepciones sociales sobre drogas en Lima (Perú)”, realizada por una institución privada española que promueve la educación preventiva sobre el uso de las drogas en la escuela, familia y comunidad.
Entre los hallazgos de la encuesta de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), se establece que un 82% de los mil encuestados considera de mucha o bastante importancia el problema de las droga, y que un 74% encuentra que la droga está presente en su barrio o comunidad.
Además, un 92,8% de los encuestados creen que han aumentado los robos y asaltos derivados del consumo de drogas. Un 63% considera que la cocaína es una de las drogas más consumidas en Lima y el 40.7% mencionan a la pasta base de cocaína. Otro punto establece que un 59% de los encuestados piensa que una de las principales motivaciones para consumir drogas son los problemas familiares.
“Estos resultados nos permitirán planificar intervenciones que involucrarán a las autoridades nacionales, regionales y locales, los profesores y sobre todo los padres de familia, sin descartar al sector privado”, dijo Carmen Masías, presidenta ejecutiva de la Comisión para una Vida sin Drogas (Devida), institución que articula esfuerzos para acabar con el comercio y uso de drogas prohibidas.
Milton Rojas Valero, especialista en estupefacientes del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO) dijo que la percepción de la opinión pública sobre este problema y sus consecuencias no está alejada de la realidad.
“Esto se complementa con problemas de personalidad, el deterioro en las relaciones al interior de las familias y la amplia demanda de drogas que llegan a las universidades y colegios”, dijo Rojas.
Según estimaciones de CEDRO, en el Perú, existen más de 300 mil personas que presentan problemas de adicción; Entre 60 mil y 100 mil adictos a drogas como el clorhidrato de cocaína y la pasta base de cocaína; entre 120 mil y 150 mil consumidores de marihuana y entre tres mil a cinco mil personas consumen drogas sintéticas como éxtasis y anfetaminas.
A partir de la información obtenida, los organismos públicos que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes podrán identificar la realidad de estos grupos humanos y llevar adelante una estrategia de sensibilización sobre los daños de las drogas, según Paloma Albo Mata, representante de la FAD en Perú.
“Ya conocemos que existe una preocupación de la sociedad peruana, ahora lo que viene es fortalecer la estrategia en la prevención de la drogodependencia de parte de los jóvenes y adolescentes peruanos”, dijo Albo.
Inés Bustamante, doctora en epidemiología de drogas y catedrática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coincidió con Albo.
“Al percibir la población el tema de las drogas como un problema grave, entonces, estará dispuesta a participar activamente en la búsqueda de una solución”, dijo Bustamante.
La académica hizo notar que sólo habrá resultados en la lucha contra las drogas en la medida que se focalice la intervención de las autoridades para lograr resultados concretos.
“Si tenemos un alto porcentaje de personas que creen que hay más drogas en las calles, entonces la estrategia estará focalizada en colegios, institutos, universidades, con un claro mensaje: los peligros que genera el consumo de estas sustancias indebidas”, agregó.
Según la Dirección Antidrogas de la Policía peruana (DIRANDRO), de enero a mayo de 2012 se han iniciado procesos de investigación a 4.059 personas por delitos relacionados con las drogas, incluyendo 846 por tráfico, 600 por microcomercialización y 2,613 por consumo.
En 2011, el 33% de las 12,196 personas sometidas a proceso en el país se debió a infracciones a la ley de drogas, con 3,154 por tráfico de drogas, 2,789 por microcomercializacón y 6.253 consumidores, entre los que se contaban 544 menores de edad.
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