Luego de que las fuerzas de seguridad ocuparan las favelas de Complexo do Alemão y Complexo da Penha el 25 de noviembre de 2010, la alcaldía de Rio envió a unos 800 trabajadores a limpiar las calles y restablecer servicios esenciales en el área. (Cortesía Marcello Casal Jr/ABr)

RIO DE JANEIRO, Brasil – Hace doce años, Antônio Guedes, residente de la favela Santa Marta de Rio de Janeiro, tuvo que pasar la Navidad a oscuras.

No fue el único, ya que la mayoría de los residentes de la favela pasaron esa Navidad a la luz de las velas.

Hoy en día, un problema similar se resolvería rápidamente.

“Antes pasábamos 24 o 48 horas sin luz. Ahora, llamamos a Light (compañía eléctrica de Rio de Janeiro) y a la media hora, los técnicos están acá”, relata Guedes, director social y cultural de la Asociación de Residentes de Santa Marta.

Una recolección de basura inconstante, la falta de servicios médicos, decenas de chozas erigidas en terreno inestable y aguas servidas a la intemperie en los callejones son parte de los desafíos diarios de los casi cinco mil residentes de Santa Marta.

La calidad de los servicios esenciales brindados a la comunidad comenzaron a mejorar en diciembre de 2008, cuando Santa Marta, una favela ubicada en el barrio Botafogo al sur de Rio de Janeiro, fue ocupada por la primera Unidad de Policía Pacificadora de la ciudad (UPP).

Tres años y medio después, el cronograma oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio+20), la cual se realiza en Rio de Janeiro hasta el 22 de junio, incluyó el debate de las acciones del gobierno tras la pacificación de las favelas.

Los ministros de Medio Ambiente y Seguridad Pública del Estado, Carlos Minc y José Mariano Beltrame; el presidente del Instituto Pereira Passos y coordinador del Programa Social UPP, Ricardo Henriques; y la presidenta del Comité Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible (CEBDS), Marina Grossi, participaron en el panel “Sustentabilidad y Comunidades Pacificadas de Rio de Janeiro”, el 13 de junio en Parque dos Atletas.

“Enfrentábamos un gran obstáculo, implementar políticas públicas en áreas muy conflictivas dominadas por narcotraficantes”, señala Henriques. “La gente habla de una ausencia del estado, pero lo que verdaderamente ocurrió fue la precarización de los servicios. Ahora, estamos resolviendo los problemas de infraestructura e invirtiendo en mejorar estos servicios”.

Desde 2009 hasta fines de 2012, cuando culmine el mandato del alcalde Eduardo Paes, la ciudad habrá destinado un total de mil millones de reales (US$492 millones) en las comunidades pacificadas.

La mayoría de ese dinero, R$678 millones (US$333 millones), habrá sido destinados a viviendas e infraestructura urbana.

En Santa Marta, por ejemplo, 60 familias que viven en zonas inestables fueron realojadas en nuevas construcciones, y se espera que otras 70 familias se muden este año.

Aquellas familias que no fueron reubicadas se vieron beneficiadas por los trabajos realizados en las rutas de acceso, y a su vez, recibieron yeso y una mano de pintura para sus hogares. Para 2014, todas las casas de la favela estarán construidas de ladrillo.

Además, las UPP han tenido un efecto inmediato en los precios inmobiliarios en las favelas y sus alrededores, señala el economista Marcelo Neri, jefe del Programa de Política Social de la Fundación Getulio Vargas.

“Los alquileres en las favelas pacificadas aumentaron un 7,5% más que en el resto de la ciudad. Hay pruebas de que los negocios locales también tienen más clientes”, indica Neri, quien recientemente publicó el informe “UPP2 e a Economia da Rocinha e do Alemão: do Choque de Ordem ao de Progresso”.

Neri, residente de Copacabana, cerca de la favela Morro dos Cabritos que cuenta con una UPP, ha sido testigo de los cambios.

“Me daba cuenta de que no recogían la basura”, señala. “Pero fui esta semana y noté la diferencia en términos de limpieza. El desempeño académico también se ha visto afectado. Estas zonas también fueron áreas donde Light no llegaba, pero ahora tienen electricidad.”

Derechos y responsabilidades

La inclusión de servicios formales tras la llegada de las UPP ha generado nuevas responsabilidades a los residentes. Las facturas de luz, por ejemplo, ahora son parte de los presupuestos de la gente, señala Guedes.

“Antes de la pacificación, el 90% de las familias en Santa Marta no pagaba electricidad, ya que tenían conexiones ilegales”, dice. “Hoy en día, los niveles de morosidad son del 2%. Los derechos traen responsabilidades. Como resultado, hay gastos para servicios que no estaban incluidos en el presupuesto mensual”.

Pero el Programa de Reciclaje de Light en Santa Marta, Morro da Babilônia y Chapéu Mangueira busca reducir estos costos, ya que los residentes pueden canjear materiales reciclables por descuentos en sus facturas de luz.

En la imagen se observa basura apilada a orillas del río Jacaré en Complexo de Manguinhos en Rio de Janeiro. El saneamiento continúa siendo un gran desafío para la ciudad, señala Ricardo Henriques, coordinador del Programa Social UPP. (Ricardo Moraes/Reuters)

“La gente se ha sumado, ya que muchos están guardando cajas de cartón, latas y botellas de plástico”, señala Guedes. “Ayuda al medio ambiente y a los bolsillos. Hay gente que ha logrado reducir sus facturas a cero con esto. Pero de todas maneras, es difícil para la mayoría. Hay gente que paga hasta R$100 (US$49) por mes”.

Necesidades diferentes

El economista Sérgio Besserman, presidente de la Cámara de Desarrollo Sustentable de Rio de Janeiro y representante de la ciudad en Rio+20, señala que el principal objetivo de las UPP es retomar áreas que alguna vez fueron controladas por el comercio de narcóticos.

“Los servicios públicos ya existían en estas zonas, pero los delincuentes interferían; tenían el monopolio del uso de la fuerza, con la pacificación, es más fácil brindar estos servicios”, plantea.

Pero las necesidades de las comunidades con UPP varían de favela a favela, advierte Besserman.

“Así como todos los barrios tienen diferentes problemas, sucede lo mismo en las favelas”, añade. “No se puede decir que no tengan nada”.

Besserman cita a Complexo do Alemão, que cuenta con cuatro UPP, por ejemplo.

“Es una zona extremadamente urbanizada, con un [Índice de Desarrollo Humano] mayor a China. El principal problema era el poder de las armas utilizadas por los narcotraficantes”.

En la mayoría de las comunidades, el mayor obstáculo a una mejor calidad de vida en las favelas es el saneamiento básico.

“El saneamiento es un gran desafío para la ciudad”, plantea Henriques. “En la mayoría de las favelas, salvo en lugares como Cidade de Deus y Batan, es complicado por el hecho de que están construidas en las pendientes de los morros de la ciudad”.

La sanidad es “el peor servicio”, donde se ha hecho el menor progreso, señala Neri, quien añade que otros factores como la lluvia y el problema de la basura complican la provisión de servicios.

En Santa Marta, Guedes quiere que el problema se solucione rápidamente.

“Esta es una comunidad cinco estrellas. Pero todavía tenemos aguas servidas a la intemperie, que contribuyen a la proliferación de ratas e insectos”, plantea. “Las tasas de enfermedades de la piel y tuberculosis van en aumento”.

Salud y educación

El Programa Salud Familiar de la ciudad ofreció asistencia médica a 38 mil personas en 2009. El año pasado, la cifra aumentó a casi 185 mil.

El programa brinda asistencia a Batan, Chapéu Mangueira/Babilônia, Formiga, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, Santa Marta, São Carlos, Tabajaras/Cabritos, Complexo da Penha y Rocinha.

El programa tiene un costo de R$44.057.597 (US$21.696.825), en el cual se incluye la construcción de instalaciones médicas como clínicas familiares y unidades de emergencia.

Para mejorar la recolección de residuos, se han desarrollado vehículos especiales como motos y un pequeño tractor, para poder recorrer las angostas calles de las favelas y también se han establecido decenas de puntos de recolección.

Borel, Formiga, Mangueira, Macacos, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo, Salgueiro, São Carlos y São João ya se han beneficiado de este nuevo programa de recolección de residuos.

Batan es el próximo en la lista.

“Existe una deuda social, una deuda urbana y una deuda cívica para con los residentes de estas comunidades”, señala Henriques. “El Programa Social UPP es un paso adelante para brindar igualdad de derechos y oportunidades”.