Wesley Gibbings (izquierda), presidente de la Asociación Caribeña de Trabajadores de los Medios con sede en Trinidad, y Shena Stubbs, asesora legal del periódico jamaiquino The Gleaner, dijeron que las leyes contra la difamación criminal constituyen una amenaza para la libertad de expresión en el Caribe. Hablaron el 25 de junio en el Congreso Mundial del Instituto Internacional de la Prensa. (Ezra Fieser para Infosurhoy.com)

PUERTO ESPAÑA, Trinidad y Tobago – Arcaicas leyes que penalizan la difamación y que incluyen penas de prisión y multas onerosas siguen existiendo en las Américas, en particular en el Caribe, donde constituyen una amenaza a los periodistas, sostuvieron defensores de la libertad de expresión.

Pese al movimiento de muchos países y de defensores de la libertad de prensa para eliminar la difamación criminal, o leyes de desacato, las mismas continúan en los códigos de docenas de países. En varios casos recientes, los gobiernos han hecho uso de tales leyes para castigar y silenciar a periodistas críticos.

El temor a las penas de prisión y a las sanciones financieras han tenido un efecto de enfriamiento, que conduce a la autocensura y un miedo general a publicar informes donde se critique a los políticos, afirmaron los periodistas.

"No debemos ir la cárcel por lo que hacemos", afirmó Wesley Gibbings, periodista trinitario presidente de la Asociación Caribeña de Trabajadores de los Medios. “De hecho, en general a la gente no se le debería encarcelar por expresarse. Sea una opinión o sea un análisis de nuestra realidad, la gente no debería ser enviada a prisión por ello”.

Gibbings habló el 25 de junio en la reunión anual de periodistas y defensores de la libertad de prensa número 61, organizada por el Instituto Internacional de la Prensa (IIP), con sede en Viena, el grupo por la libertad de prensa más importante del mundo.

Esta reunión se realiza en medio de un forcejeo de la IPI y las compañías caribeñas de medios para presionar a los gobiernos para que abroguen tales leyes.

Una delegación del IPI visitó este mes cuatro países caribeños con la finalidad de reunirse con políticos y periodistas. Se estima que su asamblea general concluya la conferencia de Trinidad con una declaración en la que se exhorte a los gobiernos a abolir leyes relativas al insulto y a la difamación criminal.

“Nos estamos concentrando en esta campaña particular en el Caribe porque creemos que eso puede suceder", dijo la directora ejecutiva de la IPI Alison Bethel McKenzie. “Hay leyes que ya han sido introducidas, de modo que estamos agregando nuestra voz a esta lucha y a este esfuerzo" por la abolición de las leyes contra la difamación criminal.

Las compañías de medios de Jamaica han liderado esa lucha. El año pasado, representantes de los medios del país caribeño lograron introducir un proyecto de ley en el parlamento, con el fin de cambiar las leyes contra la difamación y el libelo.

El proyecto de ley no recibió votación, pero Shena Stubbs, asesora legal principal del periódico jamaiquino The Gleaner, dijo que están promoviendo su reintroducción.

“La eliminación del libelo criminal anuncia la eliminación simbólica de una inmensa traba a la libertad de expresión”, afirmó. “Me siento cautelosamente optimista de que antes de que termine el año el libelo criminal ya no existirá en Jamaica".

Tales leyes, remanentes de la Era Colonial, prevalecen en todo el mundo, incluso en bastiones de la prensa libre como Estados Unidos, donde 15 estados las tienen en sus códigos, aunque mayormente como violaciones de fechorías.

Varios países de América Latina han realizado avances en la eliminación o debilitamiento de esas leyes. Desde México a Argentina, siete países de la región se encaminan para abordar tales leyes.

Sin embargo, en aquellos países en los que siguen vigentes esas leyes, incluyendo varios de América Latina y casi todos los países del Caribe, las mismas pueden convertirse en poderosos instrumentos para silenciar a los oponentes.

El Informe del 2011 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C., menciona varios ejemplos del pasado año del uso de leyes contra la difamación criminal.

En abril, una corte sentenció a un periodista ecuatoriano a un año en prisión y le impuso una multa de US$ 500 por comentarios críticos hechos en contra de un alcalde en la ciudad de Esmeraldas. El periodista, Wálter Vite Benitez, fue transferido a un hospital después de hacer huelga de hambre y fue liberado más tarde cuando una corte desestimó el veredicto.

Este caso formó parte de una tendencia en Ecuador en la que uno de los principales periódicos fue casi obligado a cerrar después de que el presidente Rafael Correa sostuviera querellas contra sus ejecutivos y un columnista.

El informe del relator especial expresaba que el creciente uso de las leyes “podría conducir a la imposición de penas desproporcionadas contra las personas que expresen públicamente críticas a los dignatarios de más alto rango en Ecuador".

En el Caribe, las leyes han sido utilizadas casi exclusivamente por políticos y aquellos que tienen los medios para entrar en litigios, a menudo costosos y largos, en contra de la oposición.

En enero, Johnny Alberto Salazar, jefe de la estación radial comunitaria Vida FM y del periódico en línea vidadominicana.com en República Dominicana, fue sentenciado a seis meses de prisión y a pagar una multa de más de US$ 25.600. Él había sugerido que un prominente abogado, quien a la vez encabezaba la comisión de los derechos humanos en la norteña provincia de María Trinidad Sánchez, tenía lazos con organizaciones criminales.

Una corte de apelaciones revirtió la decisión el mes pasado.

“Cualquiera que sea la verdad de las afirmaciones ofensivas, creemos que ésta es una sentencia peligrosa que es desproporcionada en sí misma y que va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de acuerdo con la cual nadie debería ser encarcelado por lo que dice o escribe", expresó en referencia a este veredicto Reporteros sin Fronteras en su sitio web.

Esto fue un ejemplo de cómo los países del Caribe continúan utilizando esas leyes pese al hecho de que los gobiernos en otras partes del mundo las usan cada vez menos.

En Grenada, un importante periódico fue forzado al cierre luego de que el ex primer ministro Keith Mitchell ganara en casos de libelo contra sus ejecutivos. La multa financiera fue demasiado alta como para que el periódico pudiera seguir funcionando.

El juicio reveló la naturaleza dañina de las multas excesivas, expresó Gibbings.

“Necesitamos que la aplicación del principio de difamación sea proporcional al de las cortes civiles", concluyó.