En la imagen, sospechosos de trata de personas son encadenados al ser presentados ante los medios de comunicación en Ciudad de México el 19 de octubre del 2011. A Cinthya Hernández y dos hombres, Rubén González y Salomón Guzmán, se les acusa de pertenecer a una banda de tráfico humano y explotación sexual de mujeres. (Bernardo Montoya/Reuters)

MANAGUA, Nicaragua – Pobreza y desempleo son los denominadores comunes que convierten a Latinoamérica en una región vulnerable al crimen organizado de trata de personas.

Un delito que en la actualidad se ubica como el segundo más importante del crimen organizado después del narcotráfico, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Sin embargo, varios países de Latinoamérica están haciendo importantes esfuerzos para combatir la trata.

Según el Informe sobre la Trata de Personas 2012 del Departamento de Estado de Estados Unidos, países como Costa Rica, Panamá y República Dominicana salieron del grupo de países en observación para ser incluidos entre las 93 naciones que no cumplen completamente con los criterios mínimos en el combate a esa actividad ilícita, pero que demuestran esfuerzos importantes para lograrlo.

Colombia y Nicaragua fueron incluidas por primera vez en el informe entre las 33 naciones que combaten a cabalidad la trata de personas, este último se ubica como el país centroamericano que más progreso ha tenido en los ejes de prevención, detección, judicialización y rescate de las víctimas.

Durante 2011, 178 víctimas en un rango de edad de 6 a 44 años fueron rescatadas por la Policía Nacional de Nicaragua.

Del total de 26 casos judiciales, 24 fueron tipificados como explotación sexual, uno de adopción ilegal y uno de explotación laboral. 16 de del total de casos fueron sentenciados a penas máximas de entre 12 a 25 años de prisión.

“Las cifras del 2011 demuestran los esfuerzos del país”, dice Eloy Izaba, secretario ejecutivo de la Coalición Nacional contra la Trata de Personas. “La trata de personas es un delito difícil de probar, con una serie de elementos que cada vez más la legislación nicaragüense, que se ha modernizado y ha ampliado, está tomando en cuenta para poder facilitar al juez dictar condena”.

Nicaragua se destaca por ser el país que tiene la coalición más articulada y coordinada en el área, integrando a 159 organizaciones que representan a entidades del Gobierno, Poderes del Estado, Ejército y Sociedad Civil y conforman 17 mesas de trabajo departamentales a nivel nacional.

El informe destacó además la instalación de un refugio para víctimas de trata adultas, algo poco común en Centroamérica.

“Este es un reconocimiento justo al trabajo arduo que ha venido realizando todo el sistema de justicia de Nicaragua como parte de las políticas gubernamentales, en conjunto con la sociedad civil, las ONG, y el apoyo de las agencias internacionales en materia de lucha, persecución y sanción contra el delito de trata de personas”, dijo Javier Morazán, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado y Trata de Personas del Ministerio Público.

Además, organizaciones como Save The Children han invertido durante los últimos cuatro años alrededor de US$4 millones en programas de fortalecimiento, coordinación, y cooperación entre instituciones estatales de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, donde a través de capacitaciones y difusión de material educativo se han capacitado a 489 periodistas y más de 200 mil personas de la sociedad civil sobre trata de personas.

Costa Rica se blinda

El 29 de marzo, la Comisión Permanente Especial de Seguridad de la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Actividades Conexas, la que ahora será discutida por el Poder Legislativo.

La ley garantiza la atención a víctimas, la confidencialidad de la información y la creación del Instituto Contra la Trata de Personas.

“Esta iniciativa pretende fortalecer las leyes en materia de seguridad ciudadana y delincuencia organizada, con el fin de promover el combate total en trata de personas, así como las actividades ligadas con este delito, impulsando la cooperación nacional e internacional, que permita establecer una normativa necesaria en la materia”, afirmó la diputada y miembro de la comisión, María Julia Fonseca.

La Dirección General de Prevención del Delito de Venezuela ofrece talleres sobre tráfico de personas a agentes del orden en todo el país, tales como la policía del estado de Anzoátegui, como se ve en la imagen, el 19 de junio. (Cortesía Dirección General de Prevención del Delito de Venezuela)

Actualmente, el delito de tráfico de personas es sancionado con hasta 16 años de prisión según el Código Penal. Sin embargo, los delitos no son tratados por una unidad especial y son mezclados con casos de coyotaje en la frontera, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A pesar de las carencias del sistema, los esfuerzos que realiza el país por fortalecer la lucha contra el tráfico de personas fueron reconocidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, quien este año excluyó al país de su lista negra de países bajo observación.

“Falta mucho por hacer y esto constituye una motivación para seguir trabajando, fortalecer los planes y acciones, buscar recursos y alianzas de cooperación, e impulsar las nuevas iniciativas, como el proyecto Ley Contra la Trata de Personas y Actividades Conexas”, dijo Marcela Chacón, viceministra de Gobernación y Policía, y Coordinadora de la Comisión Nacional Anti Trata de Personas.

La Directora de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó que el año pasado, 4.100 funcionarios públicos fueron capacitados para prevenir este crimen, incluyendo a los oficiales de la OIJ, quienes lanzaron una campaña masiva titulada “No todo es lo que parece”, en la cual aconseja a las personas en cómo reaccionar ante posibles ofertas de organizaciones de tráfico de personas.

Chacón anunció que a finales de Julio se llevará un foro público para promover el tema entre la ciudadanía.

“Será un foro público con panelistas de alto nivel y para el cual se procurará una amplia participación representativa de autoridades institucionales, legislativas, académicas, políticas y de organizaciones civiles que puedan con sus ideas y experiencias enriquecer la gestión del Estado en procura del control y erradicación de este flagelo internacional que victimiza a niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres,” dijo Chacón.

Venezuela educa

A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno y las comunidades organizadas, Venezuela continúa siendo un país de tránsito para las redes de trata de personas.

Su ubicación geográfica y lo remoto y difícil de acceder de sus fronteras hacen difícil la vigilancia constante ante este tipo de delitos.

Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional venezolana, como la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 y Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiación al terrorismo en enero de este ano establecen duras penas de prisión, hasta 30 años, a personas involucradas en la trata de personas.

El año pasado, las autoridades reportaron haber sentenciado a dos traficantes y haber identificado y asistido a 38 víctimas de trata de personas.

El gobierno ha establecido un plan estratégico de amplia cobertura a nivel nacional con el objeto de garantizar a las víctimas del delito de trata de personas, la protección y asistencia integral a través de la articulación de las instituciones de seguridad del estado, como la Guardia Nacional, policía, fiscalía, entre otros, según María José Briceño, coordinadora estatal de la Dirección de Prevención del Delito del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.

“Prevención del Delito se encuentra formando y capacitando a los funcionarios de organismos y entes que forman parte de esta articulación”, dijo.

Pero más allá del marco legal y de la geografía del país, la educación ciudadana es vital para erradicar esta problemática, de acuerdo a María Velázquez, analista en temas de seguridad y penitenciarios del país.

“En Venezuela hay que educar y sensibilizar a la población sobre este problema”, dijo. “No sólo los jóvenes, sino sus padres, deben estar atentos a cualquier situación sospechosa”.

En los medios de comunicación del país abundan avisos solicitando modelos, personas “con buena presencia” y otros empleos engañosos que resultan ser cubiertas para redes de tráfico de personas, afirmó Velázquez.

Paulo Abrão, ministro de Justicia de Brasil, dice que “necesitamos crear algún tipo de estándar [global] para la recolección de datos con el fin de proporcionar estadísticas que puedan servir como la base de políticas públicas”. (Cortesía Elza Fiúza/ABr)

“El gobierno, los organismos multilaterales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo coordinado de sensibilización social ante este problema,” agregó la analista. “Todas las personas deben estar conscientes de sus derechos y de que existen mecanismos de protección ante este flagelo. Nadie debe ser víctima”.

Colombia avanza

Apenas cinco dólares.

Esa fue la cifra con la que una madre en Itagüí, departamento de Antioquia, vendió a su hija menor de edad a un hombre de 70 años para que abusara sexualmente de ella.

La noticia, dada a conocer a fines de marzo pasado, impactó a los colombianos.

La mujer de 32 años fue acusada por acceso carnal violento y proxenetismo, mientras que el hombre enfrenta delitos por acceso carnal agravado y explotación sexual comercial de una persona menor.

Actualmente ambos están bajo custodia y el día de su arresto tuvieron que ser escoltados por agentes de la Policía Nacional, pues la comunidad donde residían se disponían a lincharlos.

Sin embargo, Colombia está avanzando contra la trata de personas.

El año pasado, el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF) recibió 589 denuncias de menores víctimas de tráfico de personas con fines sexuales.

Además, el sistema judicial ha puesto a disposición de jueces y fiscales capacitaciones especificas sobre cómo judicializar casos de trata de personas, y se han organizado 18 comités locales para la atención a víctimas, los que han atendido a 240 personas rescatadas entre 2002 y 2012.

A esto se suma la labor realizada por el Centro Operativo Anti-Trata de Personas (COAT), el que desde 2007 ha coordinado esfuerzos a la hora de investigar y judicializar las redes de traficantes.

Todos estos avances fueron reconocidos por el informe del Departamento de Estado. Sin embargo, el documento señala a regiones como Antioquia y el norte del país como epicentros de turismo sexual y tráfico de personas.

También recomienda protección especializada a víctimas, especialmente a través de la creación de refugios. Además sugiere una mayor atención al fortalecimiento de la seguridad migratoria, pues Colombia es fuente de personas que son engañadas para ser explotadas sexualmente en el mundo.

Por último, el informe también insta al Gobierno Colombiano a prestar mayor atención al reclutamiento forzado de menores por grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues en 2011 se registraron 282 casos de menores obligados a integrarse a sus filas.

Brasil invierte

Cada año cerca de 60 mil brasileños son sacados a la fuerza de su país, víctimas de amenazas o engañados con promesas de oportunidades de trabajo, según el Ministerio de Justicia.

La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 25 años de edad.

Activistas de los derechos humanos y familiares de mujeres jóvenes presuntamente desaparecidas y secuestradas se reúnen el 5 de abril del 2010 frente al edificio del Congreso en Buenos Aires, durante una manifestación contra el tráfico de personas, tras cumplirse ocho años de la desaparición de María de los Ángeles Verón. (Enrique Marcarian/Reuters)

Con el fin de combatir este crimen, el gobierno espera invertir R$ 5,9 millones (US$ 2,83 millones) hasta el año 2014. La meta es intensificar la cooperación legal con los países que comparte fronteras, mediante la adopción de conceptos y tipificaciones comunes para esta clase de delito.

Por ejemplo, en el caso de Brasil sólo es considerado como delito el tráfico para la explotación sexual. El gobierno desea incluir como delitos el tráfico de órganos, el casamiento servil y el trabajo en condiciones de esclavitud.

“Necesitamos crear algún tipo de estándar [global] para la recolección de datos con el fin de proporcionar estadísticas que puedan servir como base de políticas públicas”, dijo Paulo Abrão, Secretario Nacional de Justicia, durante el Seminario Internacional Brasil-Unión Europea para el Combate al Tráfico Humano, realizado del 31 de mayo al 1 de junio en Brasília.

En 2011, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de Justicia llevó a cabo 33 iniciativas de cooperación e intercambio de información sobre tráfico humano con otros países, incluyendo España, Holanda, Suiza e Italia.

Brasil tiene también unidades para contrarrestar el tráfico humano en los principales puntos de entrada al país. En 2013 se introdujeron otras ocho unidades de avanzada para ofrecer asistencia humanitaria a migrantes en ciudades fronterizas, y se esperan otras dos para el 2014.

Los agentes locales serán entrenados para identificar y proporcionar ayuda a las víctimas, así como también para combatir la actividad criminal.

Argentina realiza avances

Argentina es un país de origen, transporte y destino pa la explotación sexual de mujeres.

Las víctimas son captadas en las provincias del norte y noreste del país, como Chaco y Misiones. La explotación ocurre con mayor frecuencia en Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades importantes, en la región sur y en las ciudades costeras como Mar del Plata.

No hay estadísticas específicas sobre el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, pero los expertos sostienen que este país está entre los que han realizado un mayor avance en el combate al tráfico humano en la región.

El número de procesos judiciales, por ejemplo, subió de 78 en el 2010 a 195 en el 2011, con 39 sentencias condenatorias, según la Unidad de Asistencia en Secuestros y Tráfico de Personas (UFASE).

Por otra parte, el número de investigaciones casi se duplicó, pasando de cerca de 100 casos en 2010 a 196 en 2011.

El Ministerio de Seguridad Pública fue un factor determinante en este aumento porque comenzó a enviar los reportes telefónicos a la UFASE en el 2011.

De los procesos que involucraron la intervención de la UFASE, 68% de los sentenciados fueron hombres. Entre las víctimas, 41% fueron paraguayos, 29% argentinos y 16% bolivianos, así como proporciones menores de brasileños y dominicanos. De las víctimas de explotación, 26% fueron menores. De los que recibieron sentencias condenatorias, 71% fueron argentinos, 21% paraguayos y 3% bolivianos.

En 2011, el Senado argentino aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 23.364, también conocida como “Ley de Trata de Personas”, la cual había sido aprobada en el 2008 y que permitió al país adherirse al Protocolo de Palermo.

La enmienda legal eliminó el concepto de “consentimiento” en casos de explotación sexual que involucren adultos mayores de 18 años, la cual favorecía la impunidad de los transgresores. Esta propuesta aumenta también las penas a los criminales y la protección ofrecida a las víctimas, pero todavía requiere ser aprobada por la Cámara de Diputados.

El Senado también aprobó la creación de un registro nacional de datos genéticos relacionados con delitos sexuales. Este registro sería controlado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual también ha coordinado desde el 2011 la Oficina de Monitoreo de Publicación de Anuncios de Oferta de Comercio Sexual.

Este organismo es responsable de asegurar el cumplimiento del decreto PEN 936/2001, que prohíbe la publicación de anuncios de comercio sexual por cualquier medio de comunicación

Los corresponsales Mario Garita en Costa Rica, César Morales en Venezuela, Carlos Barahona en Colombia, Cristine Pires en Brasil y Eduardo Szklarz en Argentina contribuyeron para este reportaje.