Los ataques de las fuerzas de seguridad colombianas, como se muestra en la imagen cuando efectivos detonaron un laboratorio clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Meta, ha forzado al grupo terrorista a conseguir recursos a través de las extorsiones. (John Vizcaino/Reuters)

BOGOTÁ, Colombia – Jorge Espinosa, un ranchero y veterinario en el departamento de Meta, está preocupado que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) vuelvan a tocar su puerta.

Su padre fue víctima de las ‘vacunas’ por parte de las FARC entre 2008 y 2010, y fue forzado a pagar 20% de sus ingresos mensuales al grupo terrorista para prevenir que ocasionaran daños a su propiedad, o quizás algo peor.

“Nosotros teníamos que pagar a las FARC para poder seguir realizando nuestra actividad ganadera. Por esa época no había tanta presencia militar o estrategias para proteger a los ganaderos frente a las ‘vacunas’”, relata.

Espinosa dice que las políticas del presidente Colombiano Juan Manuel Santos y su predecesor, Álvaro Uribe, colaboraron a disminuir las extorsiones, pero que ha notado un incremento de parte de las FARC en solicitar ‘vacunas’ a empresarios y rancheros.

“Sé de otros colegas en otros departamentos que las FARC están rondando de nuevo por las zonas como investigando las actividades comerciales de la gente”, agrega Espinosa.

El grupo terrorista podría estar al borde de utilizar en forma más frecuente extorsiones, método que ha utilizado desde sus inicios, en la década de los sesentas, debido a que los ataques de las fuerzas de seguridad están ocasionando serios daños a sus negocios de narcotráfico y tráfico de armas.

Las extorsiones no sólo aterrorizan a la población, sino además le hacen daño a la economía del país. Si alguien se niega a pagar, las consecuencias usualmente son severas, según Leandro Llano, especialista en comunicación de conflicto de la Universidad Javeriana.

“Básicamente consiste en el cobro de un porcentaje de los ingresos de un comerciante, empresa o multinacional, para que el grupo terrorista de a cambio ‘seguridad’ y la posibilidad de seguir desarrollando su actividad económica, evitando así la ‘eventualidad’ de algún ‘accidente’ inesperado’”, dice Llano.

Jorge Espinosa, un ranchero y veterinario en el departamento de Meta, está preocupado de que las FARC lo extorsionen, tal como lo fue su padre. (Carlos Andrés Barahona para Infosurhoy.com)

Según cifras de la Policía Nacional, en 2011 se presentaron 1.805 extorsiones. En 2010, la cifra fue de 1.309 casos.

Este aumento puede ser atribuido al anuncio de las FARC de que no realizarán más secuestros, lo que significa que no podrán recolectar recursos a través de rescates. Sin embargo, las ‘vacunas’ permitirán al grupo terrorista compensar la pérdida monetaria, según Manuel Rendón, analista político de la Universidad del Rosario.

“Su verdadera maniobra política al anunciar el cese de secuestros, repercute en que retomen las llamadas ‘vacunas’. Lo realmente riesgoso de retomar esta práctica es la posible repercusión que pueda generarse en los inversionistas extranjeros”, advierte Rendón. “La estrategia bélica y de fuerza militar contra las FARC, por parte de las autoridades, generó mayor presencia del Ejército Nacional en zonas históricamente oprimidas por las 'vacunas' como los departamentos del Meta o Putumayo. Por esa razón esta práctica disminuyó bastante y se dedicaron [las FARC] a lucrarse mediante el narcotráfico y otros medios ilícitos”.

No hay cifras oficiales de cuánto recauda anualmente las FARC por concepto de extorsiones.

Pero el precio puede ser alto, como lo señala Alfredo Prieto.

Hace diez años, su familia se vio obligada a dejar su granja donde cultivaba papas en el departamento de Boyacá debido a que las FARC le cobraban el 15% de sus utilidades para “protegerlos”.

“Nos dijeron que los que se encargaban de la seguridad de la zona eran las FARC y no el Ejército y que para poder desarrollar nuestro negocio debíamos por la protección”, dice Prieto. “Nosotros somos personas pacíficas y no creemos en la guerra, Colombia es un país libre y no se le cobra a nadie impuesto de guerra o protección. Decidimos que no íbamos a apoyar a las FARC de ninguna manera, pensamos que pagar 15% era algo injusto teniendo en cuenta que nosotros éramos los que trabajamos el dinero. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de vender nuestras tierras para comenzar de cero con una nueva vida en Bogotá. Sin embargo, tengo conocimiento de otros vecinos de la zona que tuvieron que pagar en aquella época porque no tenían otra oportunidad económica para sobrevivir”.

Las autoridades temen que esta práctica debilite las inversiones y perjudique a la economía del país.

Gustavo Wilches Chaux, ambientalista y especialista en legislación minera en Colombia, dice que “todo indica que [las FARC] van a retomar las extorsiones a ganaderos, mineros o multinacionales que pensaban que Colombia ya había superado este problema”. (Cortesía Gustavo Wilches Chaux)

Proexport, entidad que promueve el turismo, la inversión extranjera y las exportaciones de Colombia, indica que la inversión extranjera en 2011 llegó a los US$14.800 millones, un aumento considerable si se observa que en 2000 fue de US$2.436 millones, lo que indica que las mejores de seguridad de las administraciones Santos y Uribe rindieron efecto.

En abril de 2010, Juan Manuel Santos advirtió que “empresa que pague extorsiones a los bandidos de las FARC será expulsada del país”.

En junio del mismo año, el gobierno estuvo a punto de expulsar una multinacional por supuestamente pagar dinero a las FARC para que el grupo terrorista les permitiera trabajar en paz.

A pesar de que Santos tiene clara la política anti-vacunas, sectores como el de la minería o el del petróleo están preocupados y exigen medidas.

“Los secuestros y la exigencia de rescates han sido tradicionalmente uno de los principales riesgos para [esos sectores] en Colombia; sin embargo, en los últimos años eso ha disminuido. El principal problema ahora no es el secuestro, sino la extorsión. Pero debido a la postura actual del Gobierno las empresas estamos en una posición incómoda”, dijo James Lockhart-Smith, analista jefe para Latinoamérica del grupo mundial de análisis de riesgo Maplecroft, empresa que realiza reportes y consultoría de seguridad para empresas como el grupo carbonífero internacional Drummond.

Gustavo Wilches Chaux, ambientalista y especialista en legislación minera en Colombia, advierte de un fenómeno que las autoridades deben tomar en cuenta.

“El gobierno no ha entendido que financieramente las FARC funcionan de forma cíclica. Hace unos años había una ola importante de secuestros, ahora dicen que la han ‘cesado’, luego en otra época había oleada de extorsiones a comerciantes y la han retomado. El gobierno tiene que entender que las FARC tienen sistemas financieros paralelos para conseguir dinero y ahora mismo todo indica a que van a retomar las extorsiones a ganaderos, mineros o multinacionales que pensaban que Colombia ya había superado este problema”, dice.

Álvaro Garzón, especialista en seguridad para la carbonífera internacional Drummond, dice que las multinacionales están colaborando.

“Las grandes multinacionales no tendrán problemas de seguridad si se vuelven a presentar estos casos de ‘vacunas’, pues trabajan de la mano con el Ejército”, dice. “Es cierto que hay el temor de que existan nuevas amenazas de este tipo. En términos de seguridad, las zonas donde se desarrollan las actividades de la empresa están aseguradas con los organismos del Estado”.

Sin embargo, Garzón dice que los negocios pequeños son los que enfrentan los mayores desafíos.

“Para otros pequeños comerciantes es un poco más difícil, pues las autoridades no son omnipresentes y no pueden estar en todo lado, aunque de seguro si denuncian posibles vacunas el gobierno hará presencia”, concluye.