La Policía Nacional informó que 224 agentes han sido destituidos y presentados ante los tribunales de justicia por corrupción o comportamiento no ético. (René Novoa para Infosurhoy.com)

TEGUCIGALPA, Honduras – La Policía Nacional anunció la destitución de 224 agentes de bajo, mediano y alto de la fuerza policial entre 2011 y 2012 debido a corrupción y conducta antiética, mientras el gobierno busca recuperar la credibilidad de la policía entre los hondureños.

Al mismo tiempo, se están llevando a cabo otros 221 procesos en busca de aquellos agentes que no honran su compromiso con la seguridad de Honduras, según el portavoz de la institución, subcomisionado Héctor Iván Mejía.

“[Estamos llevando a cabo] investigaciones contra miembros de la Policía por irregularidades en sus funciones y violaciones de derechos humanos”, dijo Mejía. “Para realizar la depuración, estamos en un proceso de evaluación, para saber cómo desarrollan su trabajo los miembros de la Policía Nacional, mediante las pruebas de confianza. Esto se desarrollará en un plazo de 90 días y, posteriormente, se presentará un informe a la ciudadanía”.

Mejía agregó que todos los oficiales con vínculos al crimen organizado y al narcotráfico serán separados de inmediato puestos a la orden de los tribunales de justicia.

Para evitar que existan policías corruptos, la fuerza policial y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) están realizando un estudio socio-económico a los agentes para conocer los bienes que poseen, y si éstos coinciden con el salario que reciben.

El subcomisionado de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía, sostuvo que “a corto plazo separaremos a los agentes que manchan la imagen de la institución y recuperaremos la credibilidad de la población”. (René Novoa para Infosurhoy.com)

Según cifras de la institución, los policías de bajo rango reciben un salario mensual de 6.300 lempiras (US$ 323) para los recién integrados y 9.500 lempiras (US$ 487) para los de mayor antigüedad. Los oficiales de mediano rango, perciben desde 15.600 lempiras (US$ 800) hasta los 25.300 lempiras (unos US$ 1.298). En el caso de los policías de mayor rango, éstos son remunerados con salarios que van de los 33.360 lempiras (US$ 1.710) a los 62.000 lempiras (US$ 3.180).

Además del estudio socio-económico, la evaluación incluye:

• Pruebas del polígrafo, donde, entre otras preguntas, se realizan ocho relacionadas directamente con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
• Examen de orina para descartar que los agentes consumen drogas ilícitas.
• Aplicación de un test psicométrico, que se realiza para las actividades de evaluación y selección, como también para el diagnóstico clínico.
• Declaración jurada de bienes, aplicada en conjunto con la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).

El coordinador de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, Víctor Meza, considera que en el país hay mucho trabajo por hacer para depurar la Policía Nacional y los operadores de justicia, “pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para lograrlo en los próximos tres años”. (René Novoa para Infosurhoy.com)

Estas medidas están amparadas en un decreto de emergencia aprobado por el Congreso Nacional el 25 de mayo de 2012.

“[Todas estas medidas] nos permitirán tener acceso a un talento humano más transparente, más confiable y que cumpla las expectativas del personal con el que la Policía desea contar”, aseveró Mejía.

Los agentes que no aprueben las evaluaciones de confianza serán separados de la Policía de inmediato para que el Ministerio Público inicie el proceso jurídico en su contra, agregó.

El portavoz policial dijo que ya han sido sometidos a las pruebas de confianza un total de 80 policías, sin embargo, 11 no se presentaron. Ante ello, la Policía ya notificó la inasistencia a la DIECP para que los oficiales expliquen el porqué no se sometieron a la evaluación y sea esa dependencia quien tome las medidas correspondientes.

Al mismo tiempo, un grupo de 375 policías ha presentado un recurso de inconstitucionalidad de las medidas, por considerar que “lesiona sus derechos constitucionales”, según el comunicado que emitieron los abogados defensores.

De acuerdo con el sociólogo y catedrático Julio Navarro, “es urgente implementar medidas radicales como reducir la edad punible y establecer condenas ejemplarizantes contra los delincuentes, mediante una política preventiva del Estado en consenso con la sociedad”. (René Novoa para Infosurhoy.com)

Ante la negativa, el coordinador de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, Víctor Meza, dijo que la queja de los oficiales tiene méritos.

“En un Estado de Derecho es legítimo este reclamo. Pero actualmente en Honduras es válido aplicar pruebas de confianza, incluso los bancos la realizan a su personal”, dijo.

Las medidas llevadas a cabo en Honduras han sido recibidas con beneplácito por la ciudadanía y los expertos en seguridad, de acuerdo al sociólogo y catedrático universitario Julio Navarro.

“Las acciones que realizan las autoridades son loables y le están cambiando la cara a la Policía”, dijo. “No se trata de criminalizar a la Policía porque si ésta ha colapsado, es producto de la falta de políticas públicas orientadas a la prevención de la delincuencia y la violencia”.

Navarro pidió que la policía establezca un mayor control en zonas de alta criminalidad y que aplique toques de queda en zonas de alto riesgo.

“[Los toques de queda actualmente son] impuestos por las bandas delincuenciales. Además, [se necesita] crear un acuerdo entre el Estado y la sociedad hondureña para tomar medidas radicales que eliminen la pobreza y establezcan condenas ejemplarizantes contra los delincuentes y el crimen organizado”, dijo Navarro.

La Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, creada por el Congreso Nacional el 31 de enero de 2012, impulsará las medidas para depurar la Policía Nacional. Además, revisará el diseño curricular de los policías. Para todas estas labores, la comisión cuenta con un presupuesto anual de US$ 2 millones.

Al mismo tiempo, la comisión es parte de llamada “Alianza por la Paz”, integrada por decenas de organizaciones del país para dar seguimiento a las acciones que realizan las autoridades policiales y la Secretaría de Seguridad, dijo Meza.

“La comisión tendrá una vigencia de tres años, tiempo en el que debemos realizar las recomendaciones de los informes y consultorías, que son: reformas al sistema penitenciario, a las estructuras legales de la Policía Nacional y al Ministerio Público y crear un código de ética de los operadores de justicia [jueces, fiscales y magistrados]”, concluyó Meza.