El Marco Legal para la Paz permite negociaciones entre el gobierno y los grupos armados si éstos se desarman y liberan a todos los secuestrados. Decenas de miles de colombianos protestaron el 6 de diciembre del 2011 en todo el país en contra de las acciones de los grupos terroristas, exigiendo el cese de medio siglo de violencia guerrillera y de secuestros. (Fredy Builes/Reuters)

BOGOTÁ, Colombia - En medio del sangriento conflicto interno protagonizado por grupos armados ilegales que ya ha durado casi 50 años, los legisladores colombianos están saliendo de sus trincheras para negociar un fin a la violencia.

El Marco Legal para la Paz, que fuera aprobado por el Congreso de Colombia en junio, es una reforma constitucional que permite al gobierno negociar con los guerrilleros de los grupos terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El proyecto de ley, elaborado por el senador Roy Barreras, recibió el apoyo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

“Gracias al Congreso por aprobación de normas que podrían permitir terminación del conflito”, escribió en su cuenta de Twitter Santos el 14 de junio.

La ley es esencialmente una demostración de la buena fe de parte del gobierno para facilitar las negociaciones con los grupos guerrilleros, ya que la misma podría conducir a leyes más específicas, según analistas.

"El gobierno quiere que las víctimas y la sociedad colombiana participen en la elección de los parámetros que guíen el Marco Legal para la Paz", dijo el fiscal general de Colombia Luis Eduardo Montealegre durante una reciente visita a Washington, D.C.

Montealegre agregó que ningún acuerdo de paz o beneficios de justicia transicional - procesos legales temporales implementados por los sistemas judiciales de países que están en transición de conflictos armados hacia la paz - podrán implementarse hasta que los grupos armados ilegales cumplan con los requisitos específicos contenidos en el Marco Legal para la Paz.

Montealegre continuó: "Todos los mecanismos de la justicia transicional dependen de la contribución al establecimiento de la verdad y la plena compensación para las víctimas. Los grupos armados tendrán que deponer las armas, liberar a todos los secuestrados y terminar con el uso de la violencia para poder así formar parte del proceso democrático".

El Fiscal General de Colombia, Luis Eduardo Montealegre: “Los grupos armados tendrán que deponer las armas, liberar a todos los rehenes y renunciar al uso de la violencia para que puedan ser parte del proceso democrático (Ligia Houghland para Infosurhoy.com)

Los nuevos artículos de la Constitución son temporales y se mantendrán en vigencia durante cuatro años, a partir del inicio de las negociaciones.

La iniciativa para dialogar con los grupos armados será potestad exclusiva de Santos y sólo puede comenzar después de que los grupos armados se comprometan a abandonar sus tácticas violentas, tal como exige el Marco Legal para la Paz.

El marco estipula claramente que "en ningún caso los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, así como sus responsables finales, serán exceptuados de investigación y castigo".

Los nuevos artículos de la Constitución no extienden los beneficios de la justicia transicional a las organizaciones criminales (las llamadas "Bacrim"), pero sí incluyen a funcionarios del gobierno, agentes de policía y soldados que hayan cometido crímenes en conexión con el conflicto armado.

Los derechos de los miembros de estos grupos ilegales a participar en procesos políticos serán debatidos en una fecha que el Congreso decida.

También están a la espera de definición las penas alternas y los beneficios que podrían extenderse a los guerrilleros desmovilizados que contribuyan al proceso de paz.

En diversas alocuciones y entrevistas, Barreras ha enfatizado la naturaleza transicional de las reformas, indicando que las mismas son simplemente una herramienta para abrir el camino para conversaciones posteriores.

Sin embargo, en los actuales momentos, “hoy desafortunadamente no hay condiciones para la paz", expresó Barreras.

"En estos momentos, todos los colombianos entienden que el Estado necesita utilizar una mano firme para combatir a los perpetradores de la violencia", dijo Barreras al diario colombiano El Espectador el 14 de junio, cuando se aprobó la ley en el Congreso.

La guerra continuará hasta que los grupos armados ilegales apoyen el proceso de paz, agregó Barreras.

Reforma recibe críticas

Los defectos de las reformas constitucionales en lo relativo a la suspensión de penas, el otorgamiento de perdón y la posibilidad de participación política de exguerrilleros desalientan la efectividad del Marco Legal para la Paz, expresaron los analistas.

Un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) observa a un grupo de indígenas mientras pasan por una alcabala ilegal en una de las principales vías de acceso a la municipalidad de Toribio, en el departamento del Cauca, el 11 de julio. (Jaime Saldarriaga/Reuters)

El gobierno de Santos ha pospuesto el debate sobre los detalles de las negociaciones hasta el momento en que se inicie el proceso de paz, dijo Ricardo Garcí­a Duarte, profesor de ciencias políticas en la Universidad Distrital Fracisco José de Caldas.

Sin consenso sobre el nivel de diálogo con los integrantes de la guerrilla y con el conflicto interno todavía en marcha, Garcí­a dijo que sería muy difícil aprobar una ley que establezca condiciones claras para un acuerdo de paz.

"En realidad, Santos quiso enviarle un mensaje a las FARC", agregó. "El presidente quiso decir algo así como, '¿Lo ven? Enmendamos la Constitución para negociar con ustedes'".

Pero las fallas de la ley han sido criticadas, incluso por el expresidente Álvaro Uribe.

En entrevistas y a través de Twitter, Uribe dijo que las reformas constitucionales permiten al actual jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y a otros jefes de la guerrilla involucrarse en actividades políticas.

Este marco deja una "puerta abierta" a las actividades políticas de exguerrilleros debido a que no define explícitamente como crímenes políticos los crímenes contra la ley humanitaria internacional y los delitos de narcotráfico, ha dicho Uribe.

"Si el Marco, que es Norma Constitucional, no excluye estos crímenes, la ley estatutaria no tendría por que excluirlos , escribió Uribe en su cuenta de Twitter. "Y por onde se permitiría la elegibilidad de grandes criminales [para cargos políticos] como los que han ordenado los carros bomba y otros explosivos”.

En defensa de la nueva ley, Barreras aclaró que "no es cierto que vaya a salir de la cárcel los guerrilleros autores de crímenes execrables. No es cierto que los guerrilleros que intervinieron en estos crímenes terribles serán exceptuados de ir a prisión. No se le dará curul a ‘Timochenko'".

Las FARC, por ejemplo, son responsables por miles de asesinatos, secuestros y el reclutamiento forzoso de niños. Las FARC también son responsables del desplazamiento de cuatro millones de colombianos.

De acuerdo con el Artículo 67 del Marco Legal, "una Ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos".

García agrega que otras desmovilizaciones, tales como las del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1989 y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en 1990, permitieron a sus antiguos miembros convertirse en políticos.

"El M-19 y el EPL se reinsertaron en la vida política y por ello el proceso fue exitoso", dijo. "Será difícil para las FARC consentir en permanecer fuera de la política".

Gustavo Petro, exguerrillero del M-19 y actual alcalde de Bogotá, es un ejemplo de la amnistía política otorgada a grupos rebeldes en Colombia.

Impunidad y reparaciones

Mientras era discutido en el Congreso, el Marco Legal para la Paz fue fuertemente criticado por las ONG dedicadas a los derechos humanos, tales como Human Rights Watch (HRW). Para HRW, la reforma constitucional en Colombia podría favorecer la impunidad.

Lui­s Alfonso Fajardo, profesor de derechos humanos en la Universidad Santo Tomás, expresó que las reparaciones y la justicia son indispensables en el proceso de construcción de la paz, aunque dicho proceso sea lento.

Añadió que el fin del conflicto no puede buscar "enterrar" las violaciones que se han cometido.

"Para una paz duradera, tiene que existir un balance entre las concesiones a los grupos armados y las reparaciones a las víctimas", manifestó. "Si la memoria de las víctimas no es rescatada y la verdad no sale a la luz, se frustará el proceso de reparaciones".

*Ligia Hougland contribuyó desde Washington, D.C.