“Hemos realizado un servicio de proyección social al destinar parte de los recursos que administra esta oficina a la sociedad y a instituciones del Estado”, señaló Humberto Palacios Moya, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). (René Novoa para Infosurhoy.com)

TEGUCIGALPA, Honduras – Autoridades incautaron dinero y bienes por un valor total de $34 millones de lempiras (US$1,7 millones) entre enero y junio de este año, pertenecientes a los cárteles de droga que operaban en todo el país, según la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Desde su creación en el año 2003 hasta diciembre de 2011, la OABI ha incautado $493 millones de lempiras (US$25,8 millones) de activos del narcotráfico, que van desde residencias y estancias a barcos camaroneros, señaló el director de la OABI Humberto Palacios Moya.

En el mismo período se han distribuido $459 millones de lempiras (US$24 millones) entre distintas Instituciones y programas del Estado, añadió, y con el resto se pagaron expensas y tarifas judiciales.

"La OABI ha realizado también un servicio de proyección social con la sociedad y otras instituciones del Estado, al destinar parte de los fondos decomisados y otros recibidos por concepto de subasta", señaló.

Las instituciones que se han beneficiado del dinero y productos confiscados a los narcotraficantes son: Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Unidad de Información Financiera (UIF), Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Secretaría de Defensa, Fuerza Aérea Hondureña (FAH), Centro de Información Conjunto (CEINCO), Despacho Presidencial y el Despacho de Desarrollo Social.

En los depósitos de la OABI en Tegucigalpa y San Pedro Sula hay 129 vehículos, 16 motocicletas y 14 avionetas que fueron entregados al Estado por parte de la justicia tras ser incautados a organizaciones de narcotráfico, según su informe anual del 2011.

A su vez, OABI cuenta con otros 137 vehículos, 10 motocicletas y nueve avionetas incautadas a narcotraficantes que podrían otorgársele tras una resolución judicial.

Sin embargo, Palacios Moya señaló que su oficina está enfrentando dos grandes obstáculos en su esfuerzo por incrementar las incautaciones a nivel nacional.

En primer lugar, el país no cuenta con una unidad policial especializada dedicada a incautar bienes y propiedades de narcotraficantes. En segundo lugar, los depósitos de la OABI deben ser reparados, ya que están "prácticamente en ruinas", añadió Palacios Moya.

El estado de los depósitos es tan malo que "el 95% de los vehículos [guardados] en San Pedro Sula están completamente destruidos. Vamos a tener que vender el metal por libra en subastas públicas", señaló Palacios Moya, quien agregó que la mayoría de los barcos incautados por su oficina no han recibido mantenimiento, lo cual provocó que se hundieran.

La OABI cuenta con 11 empleados para cubrir el país, cuyo territorio alcanza los 112.090 km2 (43.278 millas cuadradas). También enfrenta una falta de fondos.

“El capital que tenemos para todo el año es de $1 millón de lempiras (US$ 52.410), y tendremos que dividirlo entre el pago de salarios, los viáticos para trasladarse y custodiar las incautaciones. También tenemos que pagar la reparación de las bodegas”, señaló Palacios Moya. "No sabemos qué nos va a pasar cuando el millón de lempiras se acabe. La Secretaría de Finanzas no ha respondido a nuestras solicitudes de presupuesto".

En el pasado, la OABI recibió una parte de bienes subastados, como estaba estipulado por la ley contra el lavado de dinero.

Sin embargo, la Ley contra el Delito de Lavado de Activos no asignó un presupuesto a la OABI, pero sí destinó fondos al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, el Departamento de Defensa, el Despacho Presidencial y el Despacho de Desarrollo Social.

Pero un grupo de legisladores, liderados por el vicepresidente del Congreso Marvin Ponce, está presentando un proyecto de ley al Congreso que brinda fondos a la OABI.

“Queremos dinamizar a la OABI y evitar que [esta falta de recursos] se repita en el futuro”, señaló Ponce. “El problema histórico con la OABI es que no existe un reglamento claro de sus funciones y su presupuesto”.

Dulce María Zavala, coordinadora del organismo de rendición de cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), apoya la misión de la OABI.

“En el país debe prevalecer la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo cuando se trata de cómo se manejan o utilizan los bienes incautados al narcotráfico”, afirmó.

Juan Carlos Berganza, jefe de la unidad jurídica del CNA, concuerda con Zavala.

“El hecho de que los fondos [incautados por la OABI] deben ser utilizados para la seguridad del país y el combate a la corrupción es innegable”, afirmó Berganza quien concluyó que una parte del dinero obtenida de la venta de bienes confiscados debería destinarse "en equipar con tecnología de punta a la Policía Nacional y al Ejército para su lucha en contra de los cárteles y la venta de drogas a menor escala".