Eloísa Álvarez, de 51 años, debió pasar 23 días acampando con su hija frente a la entrada de su apartamento en Caracas, Venezuela, luego de que la familia a la que le alquiló el inmueble se negara a dejar la unidad. (Cortesía de Eloísa Álvarez)

CARACAS, Venezuela – Diego Maldonado consulta la sección de avisos clasificados de los periódicos venezolanos todas las mañanas, con la esperanza de encontrar un hogar digno para su familia.

Luego de vivir en un apartamento de tres dormitorios y dos baños en El Paraíso, una tranquila zona residencial al suroeste de Caracas, ahora debe vivir en una habitación de seis metros cuadrados con su esposa, Marisa, y sus dos hijas.

“Hace un año tuve que entregar el apartamento que ocupaba desde hace más de una década", relató. "Desde entonces ando en la búsqueda, pero no he podido conseguir nada”.

El alquiler de la habitación, que está ubicada en una ruinosa casa en la zona oeste de Caracas, asciende a $2.500 bolívares (US$582) mensuales, lo mismo que pagaba por el apartamento.

“Era eso o quedarme en la calle con mi familia", dijo Maldonado, docente de educación primaria de 35 años. "La gente no quiere saber nada de alquiler, tiene miedo de perder sus apartamentos, prefieren tenerlos vacíos”.

El problema de Maldonado es bastante común en Venezuela.

Desde su promulgación, en noviembre de 2011, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda ha frenado el mercado de alquileres inmuebles en esta nación de 28 millones de habitantes.

La ley permite que los inquilinos continúen viviendo en las unidades aun si dejan de pagar el alquiler. También les permite comprar la propiedad (incluso si registran atrasos en el alquiler) luego de haber sido inquilinos por 20 años.

Diego Maldonado consulta la sección de anuncios clasificados de los diarios venezolanos buscando viviendas para alquilar. "La gente no quiere saber nada de alquiler, tiene miedo de perder sus apartamentos. Prefieren tenerlos vacíos”. (Milagros Rodríguez para Infosurhoy.com)

La ley también fija los precios de los alquileres entre 3% y 5% del valor del inmueble, ya que solo toma en cuenta el tamaño y antigüedad de la unidad, no su ubicación.

Como resultado, el precio de un alquiler en la zona más lujosa de Caracas es el mismo que el de una unidad del mismo tamaño y antigüedad en un barrio de bajos ingresos.

“Pienso que a la dueña [del apartamento que alquilaban] le dio miedo", dijo Maldonado. "Jamás incumplí con el pago de la renta, pero desde que el gobierno empezó a gestionar esas nuevas leyes que después aprobó el parlamento, ella comenzó a insistir en la desocupación”.

Los dueños de unidades alquiladas afirman que lejos de solucionar la crisis de vivienda del país, la nueva ley ha empeorado el enorme déficit de viviendas que atraviesa Venezuela que, según cifras del gobierno, asciende a dos millones. Ha afectado severamente el mercado de alquileres y aumentado los precios de los inmuebles.

"Los derechos del propietario han quedado totalmente vulnerados", dijo Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR). "La posibilidad de obtener una renta justa acorde con la inversión que uno hizo está muy por debajo de rendir una cuenta de ahorros. La gente no quiere alquilar y con toda razón. Al haber una oferta tan mínima y una demanda de vivienda tan inmensa, ha habido una elevación de los precios".

Como resultado de la ley, ha surgido un creciente "mercado negro" de alquileres, resultado de la desesperación de los más de ocho millones de venezolanos que no son propietarios de su hogar, y que consiste en cientos de miles de agentes inmobiliarios irregulares, contratos verbales y ocupaciones ilegales.

“A ocho meses de la Ley de Arrendamiento, nadie en Venezuela está cumpliendo con ella", dijo Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. "Este reglamento ha acabado con el mercado inmobiliario”.

Los propietarios de bienes inmuebles también han criticado la creación de la Superintendencia de Alquileres, una dependencia del gobierno que supervisa todos los contratos de alquiler, las negociaciones y las relaciones entre inquilinos y propietarios.

Carlos Salazar espera que los inquilinos que viven en el apartamento de sus padres, que desde 2008 no pagan el alquiler, se vayan pronto, pero no cree que eso suceda. (Milagros Rodríguez para Infosurhoy.com)

"Con eso se generan más trámites y se retrasan así las gestiones necesarias para que se establezca la sociedad entre propietario e inquilino", explica Zayda Hernández, consultora jurídica especializada en el sector inmobiliario

El gobierno respondió a la situación lanzando un programa nacional de vivienda denominado Gran Misión Vivienda Venezuela en 2011, para eliminar el déficit de vivienda.

El gobierno afirma que financiará la construcción de unas 200.000 viviendas en todo el país durante los próximos 13 meses, pero el legislador opositor Julio Borges tiene sus dudas al respecto.

"Al gobierno no le cuadran las cifras", dijo el diputado. "Hay proyectos de vivienda en construcción, pero solo una pequeña proporción de lo prometido. Y los que se venden, tienen problemas estructurales, grietas en pisos y paredes, y en muchos casos no tienen servicios básicos, como agua o electricidad".

Mientras tanto, venezolanos que ahorraron por años para tener viviendas para alquilar se están viendo obligados a desalojar a inquilinos que han incumplido en el pago del alquiler.

Eloísa Álvarez, de 51 años, dio su apartamento en alquiler a una familia cuando tuvo que mudarse a la casa de sus padres para cuidarlos, en 2002. Pero cuando en 2010 Álvarez y su hija de 24 años, Macarena, regresaron al apartamento, los inquilinos se negaron a abandonar la unidad, a pesar de que su contrato era anual. Los inquilinos se negaron a pagar el alquiler y luego afirmaron que estaban amparados por la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una vez que la misma entró en vigencia, al año siguiente.

Álvarez y su hija pasaron "seis meses viviendo en casa de un amigo o familiar, y tres meses en la de otro", antes de comenzar a vivir en el corredor frente a su apartamento con su hija.

"Estuvimos 23 días durmiendo en el pasillo en una colchoneta", cuenta Álvarez, gerente de logística de una firma de abogados.

Su sacrificio, aunado a la cobertura mediática que recibió su caso, valió la pena cuando la familia desocupó el apartamento, hace un año.

Carlos Salazar, abogado de Caracas, está analizando la posibilidad de seguir el mismo camino para recuperar la propiedad de su familia.

“Hace más de diez años, mi mamá alquiló el apartamento a una de sus mejores amigas por $700 bolívares (US$162) al mes", dice. "Sin embargo, en 2008 dejó de pagar”.

Según Salazar, las negociaciones con la inquilina han sido infructuosas.

"Yo he tratado de negociar con ellos, incluso les expliqué que necesito vender el apartamento porque mis padres están muy enfermos", dijo. "Hasta les ofrecí el 10 por ciento de la venta, pero su respuesta fue que con la nueva ley no hay nada que discutir ni negociar”.