Existen 230 policías capacitados como mediadores en Rio de Janeiro. Arriba, un grupo completa el curso ofrecido por el Sistema Judicial de Rio de Janeiro. (Cortesía Luis Henrique Vicente)

RIO DE JANEIRO, Brasil – La tensión en el aire se asemeja a una lucha de artes marciales.

En una esquina está Luciano Ângelo de Araújo, de 45 años de edad y propietario de un apartamento en la favela Batan al norte de Rio de Janeiro.

En la otra está Vanessa Cristina de Oliveira Chaves, de 35 años y exinquilina de Araújo.

Como árbitros tenemos a los policías de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Batan, favela bajo control de una milicia local hasta 2009.

Araújo y Chaves participan en diferentes proyectos sociales en la favela y solían tener una relación cordial. Sin embargo, eso pertenece al pasado.

Según Araújo, Chaves dejó su apartamento en malas condiciones y no pagó seis meses de alquiler, además de varias facturas de servicios públicos.

Chaves dice que realizó mejoras en el apartamento que compensan la falta de pago del alquiler. También dice que tenía la intención de pagar las facturas, pero que “dejó de negociar tras ser amenazada por la mujer de Araújo”.

En junio, los dos se reunieron en una sesión de mediación de conflictos organizada en la UPP, con tres policías haciendo de mediadores: el oficial de la UPP de Batan, capitán Marcelo Martins, de 31 años; el subteniente Juliano Correa de Almeida, de 32; y el sargento Marco Anthony, de 42.

“Puesto que parece que todavía se respetan, pensamos que valía la pena insistir en una reconciliación para evitar un pleito”, declaró Almeida.

Araújo y Chaves no llegaron a un acuerdo en su primera reunión, por lo que se programó otra sesión para la semana siguiente.

“Las partes vienen aquí sin querer ceder ni un centímetro. Después de una, dos, o incluso tres sesiones, son personas diferentes y acaban llegando a un acuerdo”, agregó Martins.

Mediación en las UPP: 24 horas de capacitación

Las sesiones en Batan son parte de un programa que capacita a los policías de UPP para mediar conflictos entre los residentes de la favela. El curso de capacitación de 24 horas es impartido por instructores de la Escuela de Administración Judicial (ESAJ) del Sistema Judicial de Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Por medio de un acuerdo entre el TJ-RJ y el Estado de Rio de Janeiro, las UPP reciben la infraestructura y el equipo necesarios para implementar el centro de mediación.

En diciembre de 2011, el proyecto ganó el Premio Innovare, en reconocimiento a las prácticas que más contribuyen a la mejora del sistema judicial en Brasil.

Rio cuenta con 230 policías mediadores

El primer curso de mediación para policías fue realizado en agosto de 2010. Ahora, TJ-RJ cuenta con 230 policías mediadores en nueve de las 25 UPP de la ciudad.

La jefa del proyecto es Marilene Melo Alves, jueza del Tribunal de Apelaciones y coordinadora del Centro de Resolución de Conflictos de TJ-RJ.

“En general, los conflictos más graves son aquellos en los cuales las partes solían tener una relación buena y sólida”, comentó Alves. “Cuando se resuelve el conflicto pueden reconectar, están felices y agradecidos a la policía”.

La jueza del Tribunal de Apelaciones Marilene Melo Alves en la inauguración del centro de mediación de la UPP en Batan, Rio de Janeiro, en julio de 2011, con el sargento Marco Anthony (izquierda), el capitán Marcelo Martins (centro) y el subteniente Juliano Correa de Almeida. (Cortesía Luis Henrique Vicente)

Según Alves, es importante que las partes involucradas sean las que encuentren la solución.

“Los policías solamente están ahí para facilitar la comunicación”, dice.

La mediación fomenta una sensación de inclusión entre los residentes de las favelas, comentó Alves, agregando que antes de la introducción de las UPP, los conflictos eran resueltos por los tribunales creados por los narcotraficantes, y los castigos incluían la pena de muerte.

“Ahora el gobierno es quien ayuda con la mediación, sin el costo emotivo y financiero de un pleito”, indicó Anthony.

Menos trabajo para los tribunales es otro de los beneficios de las sesiones de mediación de las UPP, a juicio de Alves.

“Muchos de estos conflictos acabarían en los tribunales. Llega un momento en el que el sistema judicial no puede ocuparse de todos estos casos”, indicó.

Todos los policías de las UPP recibirán capacitación. Para facilitar el proceso, el curso tendrá lugar en las instalaciones de las UPP.

“Queremos capacitar a 100 policías por mes, limitaremos el tamaño de las clases a 20 estudiantes”, agregó.

El alcance del proyecto no está limitado a sesiones de mediación.

También está cambiando la estrategia de la policía en las favelas.

“Ahora, cuando son llamados a tratar un problema, los policías emplean un enfoque de reconciliación para que no escale el conflicto”, dijo Alves.

Hogares ocupados por amigos de los traficantes

Los mediadores de las UPP han tratado una amplia gama de problemas durante sus sesiones de mediación, desde música demasiado alta a perros ruidosos o vecinos que realizan amenazas cuando están borrachos, o un puerco que daña la propiedad ajena al escaparse.

Los casos más frecuentes son los relacionados con disputas sobre propiedad de la vivienda.

Cuando los traficantes controlaban la favela, muchas familias fueron expulsadas de sus residencias y les dieron las casas a personas protegidas por esos criminales, según comentó Alves.

“Con la salida de los traficantes y la llegada de las UPP, muchos decidieron recuperar sus viviendas. El único problemas es que la otra familia lleva años allí y no tiene adónde ir”.

Por medio de las sesiones de mediación, la mayoría opta por pagar alquiler a los propietarios hasta que encuentren otro lugar donde vivir.

Justicia comunitaria

La mediación de conflictos no está limitada a los residentes de las favelas pacificadas de Rio de Janeiro. Desde 2008, 42 mil personas en 14 estados y el distrito federal de Brasília se han beneficiado de este tipo de iniciativa, según indica el Ministerio de Justicia.

En 2004, el Ministerio implementó un programa piloto en Brasília. A partir de 2005, el programa de Justicia Comunitaria fue introducido en otros estados, en colaboración con la Fiscalía Pública, tribunales locales, defensores del pueblo y gobiernos estatales y municipales.

La iniciativa se convirtió en política nacional en 2008. Equipos interdisciplinarios formados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados proporcionaron capacitación sobre mediación de conflictos a trabajadores comunitarios.

En los últimos tres años, se han capacitado 700 mediadores para servir en la red que incluye 64 Centros de Justicia Comunitaria en 14 estados y en el distrito federal de Brasília.