La Unidad de Atención a Víctimas lleva a cabo misiones humanitarias para ayudar a los desplazados por el conflicto armado en Colombia. En la primera mitad de 2012, cerca de 429 mil familias recibieron ayuda básica, así como también artículos de aseo, alimentos y agua. (Cortesía Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas)

BOGOTÁ, Colombia – Maximiliano Sabogal fue asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frente a su esposa y a su hija de siete años.

Sabogal era propietario de una pequeña finca en la región de Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Un día de abril de 1992, él apenas había llegado a su casa, después de trabajar en la finca, cuando seis miembros de las FARC allanaron el lugar e intentaron expulsar a la familia de su propiedad.

Sabogal se resistió y por ello recibió dos disparos en la cabeza.

Dos décadas después, la esposa de Sabogal, Yolanda Vacca, y su hija fueron compensadas con $10 millones de pesos colombianos (US$5,502) por medio de la Ley de Restitución de Tierras del gobierno, aprobada en julio de 2011.

“Lo pasé muy mal después de la muerte de mi marido,” afirma Vacca, de 55 años. “Abandonamos la finca y nos mudamos al area urbana de Santander de Quilichao donde trabajé como criada”.

La compensación permitió a Vacca remodelar su casa y poner el resto del dinero en una cuenta de ahorros.

“Mi hija trabaja en una fábrica, pero me gustaría ahorrar el dinero para que ella vaya a la universidad”, dijo.

Desde que fuera establecida en enero pasado, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – también conocida como Unidad de Atención a las Víctimas–, ha pagado un total de $330,938 millones de pesos colombianos (US$182.900) a 55.630 víctimas de la violencia por parte de la guerrilla.

El objetivo del gobierno es haber pagado para diciembre $800 millones de pesos colombianos (US$440.165) en compensaciones a 110 mil víctimas. El monto de las compensaciones oscila entre $1 millón (US$550) y $22 millones de pesos colombianos (US$12.104) por persona.

Misiones humanitarias

La Unidad de Atención a las Víctimas también lleva a cabo misiones humanitarias.

En la primera mitad de 2012, una inversión de $370 millones de pesos colombianos (US$203.576) sirvió para fundar 313 misiones, por medio de las cuales 429 mil familias desplazadas por el conflicto armado recibieron ayuda básica, así como también artículos de aseo, alimentos, agua entre otras cosas.

Sin embargo, el gobierno planea ofrecer otras cosas además de la ayuda financiera y humanitaria.

La mayoría de las víctimas vió como sus hijos eran reclutados a la fuerza, secuestrados, torturados, golpeados o sexualmente abusados por los guerrilleros.

Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad de Atención a las Víctimas, declaró que el gobierno debe promover la reconstrucción comunitaria y ayudar a las víctimas a continuar con su vida.

“El apoyo a las víctimas del conflicto armado es hoy una de las prioridades de la política nacional”, afirmó Gaviria.

El primer paso en este sentido fue la implementación del Registro Único de Víctimas (RUV) el cual, en cooperación con la Fiscalía General, ofrece un sistema automatizado para que las víctimas puedan registrarse y recibir beneficios.

El RUV da seguimiento al progreso de las víctimas después de haber recibido compensación, explicó Gaviria.

“Queremos que las víctimas participen activamente en el proceso de recuperación de sus derechos”, agregó la directora.

Miles de pequeños granjeros colombianos han sido expulsados de sus tierras por los grupos guerrilleros. La nueva Unidad de Restitución de Tierras los ayudará a recuperar lo suyo. (John Vizcaino/Reuters)

La Unidad de Atención a las Víctimas, además de ofrecer ayuda financiera a los individuos también funda proyectos para reconstruir escuelas, plazas y calles que fueron destruidas en las comunidades por los ataques de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El gobierno ya ha iniciado el proceso de reparaciones en 32 municipalidades en los departamentos de Bolívar, Sucre, Guajira, Putumayo, Antioquia y Cauca.

Restitución de tierras

La Ley de Atención a las Víctimas y Restitución de Tierras conllevó la creación de otra agencia: la Unidad Especial de Gestión de Restitución de Tierras. Desde que fuera establecida en enero, esta unidad ha recibido 19.103 peticiones de pequeños granjeros que piden la devolución de 1.5 millones de hectáreas de tierra que según dicen les fueron arrebatadas por los guerrilleros.

También fueron creadas 23 cortes especiales para tratar los casos que tengan que ver con los registros de la Unidad de Restitución de Tierras.

Sin embargo, los primeros casos se encuentran en la fase inicial de análisis y recolección de evidencia. La ley establece un plazo de cinco meses para que las víctimas reciban opinión sobre su petición de restitución de tierra. Si existen pruebas de la pérdida de tierras el caso pasa a un tribunal y el juez tiene un plazo de cuatro meses para dar su dictamen.

“La restitución es la parte más delicada dado que incluye los intereses de grupos ilegalmente armados que de forma injusta ocupan la tierra de pequeños granjeros”, explicó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Jesús Ricardo Sabogal.

Amenazas y asesinatos

El plazo legal para la restitución de tierras es de diez años porque el conflicto interno continúa, explicó Sabogal.

“Necesitamos aplicar la ley de forma segura”, agregó. “Cuando llegue el momento de la restitución de tierras tendremos que comenzar en las zonas donde el gobierno tenga mayor control”.

Aun antes de haber aprobado las restituciones, cerca de 100 personas reportaron haber sido víctimas de amenazas por parte de la guerrilla que ocupa sus tierras.

Según la Unidad de Seguridad, desde enero pasado, tres civiles – un lider del sector granjero y su hijo del departamento de Chocó así como otro líder del sector granjero del departamento de Sucre – fueron asesinados por la guerrilla y por grupos criminales involucrados en el narcotráfico.

Sabogal dijo que detalles de seguridad ordenados por la corte y suministrados por la Unidad de Restitución de Tierras han protegido a otros pequeños granjeros que se habían reportado como víctimas de amenazas por parte de la guerrilla o de grupos criminales.

“La sinergia de la Unidad de Restitución de Tierras y del Ministerio de Defensa colombiano ha sido fortalecida para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo.

“Lo más importante, hasta ahora, es que el gobierno logró aprobar la ley”, dijo Alonso Tobón, un politólogo para el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

“No teníamos las instituciones [unidades y cortes] para aplicar las decisiones judiciales en favor de las víctimas del conflicto”, explicó. “Esto ha sido un gran cambio”.

Tobón, sin embargo, se muestra preocupado por la fase de restitución de tierras.

“Cuando las primeras decisiones judiciales sean pronunciadas, el gobierno será puesto a prueba porque los invasores no querrán devolver las tierras”, dijo.

Entre 2006 y 2011, antes de que la Ley de Atención a las Víctimas y Restitución de Tierras entrara en vigor, 71 líderes que trabajaban en el proceso de restitución fueron asesinados, según Tobón.

“Muchas de las tierras invadidas están siendo usadas por grupos armados para actividades ilícitas tales como la producción y el procesamiento de la cocaína y la minería ilegal”, declaró Tobón. “Este es un momento importante en que el gobierno colombiano debe mostrar su poder”.