En Honduras, las autoridades realizan patrullajes y operaciones encubiertas para combatir el delito de extorsión, que produjo el cierre de 1.600 negocios comerciales en Tegucigalpa en 2012. En la imagen, una patrulla recorre las calles de la capital hondureña. (René Novoa para Infosurhoy.com)

TEGUCIGALPA, Honduras – Unas 1.600 empresas de todo tipo cerraron en 2012 debido a la extorsión en la capital del país centroamericano, de acuerdo a una encuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

“Son cifras alarmantes”, dijo el director ejecutivo de la (CCIT), Mario Bustillo.

La encuesta, hecha a los 2.920 socios de la CCTI, mostró que el cierre de esas empresas representó la pérdida de 4.800 empleos directos y 14.800 indirectos.

La mayoría de los negocios que cerraron son panaderías y reposterías, salones de belleza, ferreterías, tiendas de abarrotes y vestuario, comedores, zapaterías y farmacias.

Según la encuesta, las zonas más afectadas por las extorsiones son las colonias San José de El Pedregal, Kennedy, a tres kilómetros al sureste de la capital, el centro de Tegucigalpa.

Algunos empresarios no interponen la denuncia por temor a que la información llegue a poder de los extorsionadores y esto signifique poner en riesgo sus vidas o la de sus familias, según Bustillo.

Por otra parte, el estudio revela que el 94,1% de los socios de la CCIT considera que para fortalecer el clima de inversiones el gobierno debe enfocarse en la seguridad ciudadana, seguido de la seguridad jurídica [3,7%] y la estabilidad política [2,2%].

Si bien no existen cifras oficiales respecto del costo de la extorsión en Honduras, se estima que el país pierde unos US$40 millones al año, según el portavoz del Ministerio Público (MP), Melvin Duarte.

“Es peligroso hablar del ‘impuesto de guerra’ [como se le conoce a la extorsión en el país], porque si [los extorsionadores] se dan cuenta que uno ha dicho algo, lo matan de inmediato”, dijo en voz baja Guadalupe García, cuyo nombre real fue cambiado por razones de seguridad.

García es propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia El Pedregal, a tres kilómetros al sur de la capital.

Ella abrió su negocio en 2002. Con las ganancias pagó la escuela de su hijo y aportaba a la economía familiar. Pero en 2011 recibió una nota anónima que cambió su vida.

Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras: “Se incrementaron las condenas [contra el delito de extorsión] para que la población ya no viva temerosa por el cobro de los extorsionadores”. (René Novoa para Infosurhoy.com)

“Un día encontré una nota bajo la puerta que decía que de ahora en adelante debía pagar dos mil lempiras [US$100] al mes, y que si no pagaba o si avisaba a la policía me iban a matar”, recordó angustiada.

Desde entonces, cada mes recibe la “visita” de dos adolescentes que llegan por la “cuota”.

“A veces quiero cerrar [el negocio] porque lo que gano es poco comparado con las horas en que trabajo [de 7 am a 9 pm], pero me da temor hacerlo [por las represalias]”, agrega.

No sólo los microempresarios sufren las consecuencias de este flagelo, sino también la mediana y gran empresa.

La respuesta

En abril de 2012 entró en vigencia el decreto 16-2012, que reforma las sentencias para los delitos de extorsión y chantaje contenidos en el artículo 222 del Código Penal Hondureño.

En el pasado, el artículo 222 establecía condenas de seis a nueve años por el delito de extorsión, es decir el delito de utilizar amenazas, violencia o intimidación para obtener dinero u otros bienes; y de tres a cinco años por chantaje – el delito de amenazar a alguien de atentar contra su honor o prestigio, o divulgar secretos personales.

Hoy, la extorsión se castiga con 15 a 20 años más una sanción de 50 salarios mínimos [US$12 mil en total], y de seis a 12 años de prisión en el caso de quien cometa chantaje, según el vicepresidente del Congreso Nacional CN, Marvin Ponce.

“Con estas acciones queremos demostrar a la ciudadanía que estamos luchando para revertir el flagelo de la extorsión y el chantaje, que tanto daño hace al país pues no sólo atemoriza a los hondureños, sino que también aleja la inversión extranjera”, sostuvo. “A quien comete el delito de extorsión y asesine a su víctima o a sus familiares, se le aplicará cadena perpetua”.

A su vez, el MP y la Policía Nacional crearon la Unidad de Investigación Anti-Extorsión en diciembre de 2011.

“Se requería una unidad especializada porque no sólo los pandilleros incurren en el delito de extorsión, sino que se han creado bandas específicamente para ello”, informó Duarte.

Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, se registraron 780 denuncias de extorsión, de las cuales 141 casos fueron judicializados.

También la Unidad Anti-Extorsión, junto a la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) y la Policía Nacional, realizan patrullajes en las zonas donde se producen las denuncias y operaciones de entregas controladas, una técnica de investigación encubierta que se utiliza para atrapar a los extorsionadores en la comisión del delito, según el subjefe de la Unidad Anti Extorsión, inspector Raúl Sandoval.

Las autoridades solicitan a los hondureños que interpongan sus denuncias al teléfono (00504) 2291-0350, de la Unidad de Investigación Anti-Extorsión.