Un investigador se para frente a la escene de un crimen en el vecindario de Veracruz del pueblo de Cuscatancingo, es las afuera de San San Salvador. (José Cabezas/Getty Images)

SAN SALVADOR, El Salvador – En el Cantón Petacones, una localidad a las afueras de la municipalidad de Apopa, el 4 de febrero la policía encontró los cuerpos desmembrados de Estrella del Carmen Márquez y Guadalupe Abigail López, dos estudiantes de 16 años del cercano centro escolar Alfredo Cristiani.

“Es injusto que me hagan esto”, decía desconsolada de madre de Estrella, quien está en un programa especial de ayuda a víctimas de la violencia, por lo que no puede hacerse público su nombre. “Pido justicia”.

También la piden aquéllos que conocían a los otros 15 estudiantes que han sido asesinados en lo que va del año, mientras que una oleada de violencia ha rodeado un país pobre en el que la policía afirma hay 13.000 pandilleros entre los siete millones de nacionales.

El avance de la criminalidad violenta, en particular el asesinato, la extorsión y el secuestro, hace que muchos salvadoreños sientan temor por sus vidas en una nación que se vuelve más ensangrentada cada semana.

Las cifras dan pavor: el año pasado fue el más violento en la historia del país, considerando que hubo 4.367 asesinatos documentados, un promedio de 12 por día, según datos del Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil.

Pero la situación en el país ha empeorado este año, con un promedio de 13 asesinatos cada 24 horas. La tasa de muertes ha pasado de 56 por cada 100.000 residentes en el 2008 a 71 por cada 100.000 el año pasado.

La Cámara Salvadoreña de Comercio ha propuesto un proyecto llamado “Yo exijo vivir sin miedo" que exige que el gobierno salvadoreño reoriente su fallida guerra contra la delincuencia. La campaña, que tiende hacia la reducción de la violencia de las pandillas, es muy activa en la red social Facebook y en numerosos medios de difusión social salvadoreños.

“Nuestro país ha caído en un estado de impotencia”, indica un comunicado de la Cámara de Comercio. “Esto es nocivo porque restringe las posibilidades de desarrollo personal, frena la actividad económica y nos ahoga como sociedad en un sentimiento de desánimo y desesperanza. El problema se ha vuelto intolerable e incontrolable”.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien ha sido fuertemente criticado por los fallidos planes anti delincuenciales de su gobierno, ha iniciado una serie de consultas con diversos sectores para enrumbar el combate al crimen.

Cuando Funes se enteró del homicidio de las estudiantes de 16 años, anunció un giro en sus planes anti delincuenciales de la prevención a la represión.

“Estamos concientes del recrudecimiento de la violencia...Las pandillas o maras ya son organizaciones delictivas armadas y muchas al servicio del crimen organizado y el narcotráfico”, dijo Funes. “No tenemos por qué ocultarlo, nuestras instituciones han sido permeadas por el crimen organizado”.

Pero la realidad es ésta: en los 10 días del inicio de las consultas de Funes, otras 137 personas han perdido la vida -- un promedio de un asesinato cada 105 minutos.

Henry Campos, vice ministro de Justicia y Seguridad, confirmó que el plan de Funes implicaría agregar más capacidad a los 2.300 soldados militares que ya patrullan las calles junto con la policía.

Pero el problema es que por restricción constitucional los soldados sólo pueden salir a las calles en defensa de la soberanía nacional, por lo que no pueden participar en labores de seguridad pública.

Están allí simplemente de acompañamiento a la policía.

El gobierno también está decidiendo si reasignar los US$28,5 millones que ha entregado a la Policía, ya que le parece mejor fortalecer las unidades de investigación, el laboratorio científico y las armas policiales que mantener el sistema actual.

“Estamos a tiempo”, dijo Funes. “No tenemos un Estado fallido y tenemos capacidad de respuesta".