La mayoría de las minas terrestres en Colombia son artefactos explosivos improvisados, según la ONG HALO Trust, organización que ha trabajado en el país desde 2009. La mayoría de los explosivos son hechos a partir de artículos domésticos comunes, como botellas de refrescos y tarros de café, tal como se ve en la imagen. (Cortesía HALO Trust)

BOGOTÁ, Colombia – Los colombianos competirán contra las minas terrestres el domingo 1 de abril, en Bogotá.

La carrera Presta tu Pierna 11k espera reunir a 4.000 competidores para los cinco y 11 kilómetros, que partirán desde la Plaza Principal del Centro Comercial la Gran Estación. Militares y civiles que han sido víctimas de las minas terrestres también podrán participar en la carrera, que contará asimismo con las categorías de silla de ruedas convencional y handbike.

Promovido por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Paicma), de la Presidencia de la República, así como de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Embajada de EE.UU. en Colombia, el evento es parte de las actividades que se llevan a cabo en el marco del Día Internacional para la Sensibilización sobre Minas Terrestres y la Asistencia en la Acción contra las Minas, que tendrá lugar el 4 de abril.

Mientras los corredores salen a las calles de Bogotá para crear conciencia sobre el problema de las minas terrestres, desde el 13 marzo el municipio de San Carlos, en el departamento de Antioquia, celebra su título de primera ciudad completamente libre del riesgo de minas.

En enero y febrero, el número de niños afectados por las minas terrestres en Colombia se duplicó respecto del mismo periodo del año anterior y fue equivalente a casi la mitad de todas las víctimas menores de 18 años registrados en 2011.

Durante los dos primeros meses del 2012, 16 niños fueron víctimas de minas terrestres, de los cuales 13 resultaron heridos y tres fallecieron. Durante el mismo período del año pasado, cinco fueron los heridos y tres los fallecidos.

Según el Paicma, en 2011 hubo un total de 39 casos, de los cuales solo 32 lograron sobrevivir.

"Este aumento es alarmante y muestra que el problema tiene que seguir siendo una prioridad de política pública", explica Daniel Ávila, director del Paicma.

El número real de víctimas es muy probable que sea superior, dice Ávila, tomando en cuenta que solamente en un accidente ocurrido en febrero, 15 niños resultaron heridos por la explosión de una granada.

"Aún no hemos incluido ese incidente en nuestra base de datos, porque necesitamos el informe forense. Pero por los resultados de los informes sabemos que se trata de una explosión de granada", apunta, sin revelar el lugar del accidente.

Ávila explica que el incremento en el número de niños víctimas está siendo actualmente estudiado por el gobierno.

Desde 2005, el Ejército brasileño ha coordinado el Grupo de Monitores Interamericanos (GMI), un programa financiado por la OEA y el gobierno colombiano. Aproximadamente 80% de los oficiales del GMI – la mayoría de ellos ingenieros– proviene de Brasil. (Cortesía GMI)

"Seguimos trabajando para retirar las minas y llevar a cabo campañas educativas para mantener a la gente lejos de zonas de alto riesgo. Pero, a menudo, por desgracia, basta un solo incidente para perjudicar a un gran número de niños", agrega.

Para Ávila, la educación y campañas públicas de sensibilización, como la carrera del 1 de abril, son esenciales. Argumenta que el público debe tener más información acerca de cómo actuar en las zonas donde se sospeche haya presencia de minas.

"En el caso de los niños, por ejemplo, ellos deben tener claras instrucciones sobre no recoger objetos extraños o desconocidos", explica.

Se presume que Colombia posee el segundo mayor número de minas terrestres situadas en el interior de sus fronteras, sólo por detrás de Afganistán.

Desde 1990 a febrero de 2012, ha habido 9.704 víctimas de minas terrestres en el país – 7.665 heridos y 2.039 muertos. En 2011, 533 personas fueron alcanzadas por las minas terrestres, 92 de ellas fatalmente.

Cooperación internacional para el desminado

El gobierno colombiano ha estado invirtiendo en la limpieza de minas durante los últimos 15 años, después de firmar la Convención de 1997 sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, mejor conocido como el Tratado de Ottawa, que fue firmado por otros 156 países.

El Paicma cuenta con el apoyo de varias organizaciones internacionales, entre las que destacan las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), así como recibe el apoyo independiente de algunos países. La asistencia consiste tanto en el financiamiento como en la tecnología para poder atender a las víctimas.

Brasil, por ejemplo, ofrece capacitación a los militares que participan en el desminado humanitario.

Desde 2005, el Ejército brasileño ha coordinado el Grupo de Monitores Interamericanos (GMI), un programa financiado por la OEA y el gobierno colombiano. Alrededor de 80% de los oficiales –la mayoría de ellos ingenieros– son de Brasil.

El grupo también incluye a soldados de Argentina, Trinidad y Tobago, y Honduras. El GMI es responsable de la formación de los escuadrones colombianos. Hasta hace poco, era también el encargado de supervisar el trabajo de campo, que ahora está siendo llevado a cabo por los equipos contratados por la OEA.

La capacitación hecha por la ONG HALO Trust a los especialistas en desminado toma de tres a cinco meses. El trabajo en los campos es supervisado de cerca por instituciones como la OEA. (Cortesía HALO Trust)

Los nueve pelotones de desminado humanitario que operan en Colombia fueron entrenados por el GMI.

"El país está trabajando con un número reducido de personas, dada la complejidad de la situación, porque el conflicto no ha terminado todavía. La única situación similar se encuentra en Afganistán", indica el comandante del grupo, el Capitán de Mar y Guerra Normando Bona do Nascimento.

Inicialmente, el gobierno espera tener 11 pelotones en el lugar, junto con otros dos que se esperan a finales de 2012, dice Ávila, quien explica que el reducido número se debe a los altos costos de operación.

"El establecimiento de un batallón especializado como éste cuesta US$500.000 en el primer año y US$300.000 en los años consecutivos", dice. "El mantenimiento de los nueve que existen actualmente cuesta alrededor de US$2,7 mil millones por año", señala.

Cada batallón de desminado humanitario cuenta con cerca de 44 soldados, con 396 que sirven en las nueve unidades.

"Nuestra mayor dificultad es que estamos trabajando a menudo en escenarios de conflicto", explica Ávila. "Poner un explosivo en el terreno es mucho más fácil que quitarlo, por lo que son capaces de plantar minas más rápido de lo que podemos removerlas. Mientras por un lado removemos las minas, los guerrilleros las siembran por el otro".

Controversia sobre la remoción de minas por civiles

En octubre de 2011, el gobierno colombiano modificó la Ley 1.421, publicada en diciembre de 2010, para permitir la remoción humanitaria de minas llevada a cabo por las empresas del sector civil.

El objetivo es agilizar la actividad, explica Guillermo Leal, coordinador regional para Suramérica de la Oficina de Acción Humanitaria contra Minas de la OEA.

"Las organizaciones humanitarias y ONG que pueden participar son, en primer lugar, evaluados de acuerdo con todos los protocolos de seguridad necesarios para estas operaciones", expone Leal. "Mientras tengamos más gente trabajando en el desminado humanitario en Colombia, el país podrá luchar más rápido contra este problema".

Sin embargo, en diciembre de 2011, la Procuraduría General de la Nación pidió que el gobierno colombiano reconsiderara su intención de contratar a civiles para llevar a cabo la remoción de minas.

"Lo que tememos es que, en caso de que ocurra un incidente que involucre a un trabajador civil de una de estas ONG, Colombia podría enfrentar cargos internacionales o sanciones, ya que, desde el punto de vista del Derecho Internacional Humanitario, es responsable de la seguridad de los civiles en zonas de conflicto", explica el procurador delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Mario González Vargas.

González recomienda al gobierno colombiano consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su responsabilidad en los incidentes que involucren a civiles en esta actividad.

"Tenemos que tomar en cuenta también que como Estado no debemos poseer cargos por exponer a los civiles a situaciones de riesgo excepcional, ya que podría ser visto como una violación de los Derechos Humanos por la comunidad internacional", dice González.

HALO Trust preparada para trabajar

Una de las cuatro organizaciones civiles interesadas en trabajar en el desminado humanitario es el HALO Trust, una ONG británica que comenzó a operar en Afganistán en 1988.

Esta ONG tiene actualmente 8.000 empleados en 12 países.

HALO Trust, que ha estado operando en Colombia desde 2009, entre 2010 y 2011 llevó a cabo un mapeo de las zonas más propensas a tener minas terrestres en siete municipios del departamento de Antioquia.

Los datos de la encuesta provienen de los gobiernos nacionales y municipales, así como las propias comunidades, revela Helen Gray, directora de HALO Trust en Colombia.

"Hemos observado que los registros de incidentes del gobierno nacional no siempre son compatibles con los del gobierno local, debido al difícil acceso de ciertas regiones", declara.

Con el fin de determinar los riesgos en las zonas de Abejorral, Argelia, Cocorná, Nariño, San Luis, San Rafael y Sonsón, HALO analizó los registros de los 779 incidentes incluidos en la base de datos del gobierno. Después de visitar las comunidades y la realizar entrevistas, la organización clasificó 78 zonas como de alto riesgo, casi el 10% del total.

"Esto nos permite ahorrar tiempo, debido a que, cuando empezamos a limpiar las minas, podemos ir directamente a estas áreas", expresa Gray. "En general, las áreas minadas son pequeñas, sin embargo, muchos son de difícil acceso, como hemos visto en Antioquia".

La formación de los especialistas en remoción de minas de HALO toma de tres a cinco meses y el trabajo de campo es cuidadosamente supervisado, incluso por la OEA, apunta Gray. En 2011, la ONG registró un solo accidente de trabajo.

"Pero nosotros no operamos en aquellas áreas en donde la guerrilla sigue activa", dice Gray, quien tiene ocho años de experiencia en la remoción de minas, incluyendo Mozambique. "Con un mayor número de personas trabajando, haciendo análisis y participando en la remoción de minas, Colombia podrá ser desminada en menor tiempo".