La presidenta brasileña Dilma Rousseff, aprobó el 29 de agosto una ley que exige que al menos 50% de los cupos en instituciones federales de educación superior deben reservarse para los graduados de escuelas secundarias públicas. (Cortesía Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr)

SÃO PAULO, Brasil – Nueve de cada 10 estudiantes de secundaria en Brasil reciben su diploma del sistema de escuelas públicas.

Sin embargo, a nivel universitario la situación se invierte. Sólo 10% de los estudiantes universitarios en Brasil se ha graduado de una institución del sistema público, según el senador Paulo Paim (PT-RS), quien lucha por cambiar esta situación.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quiere aumentar el número de estudiantes universitarios provenientes de las escuelas públicas. Para ello, aprobó el 29 de agosto una ley que estipula que 50% de los cupos en las universidades federales, que son gratuitas, debe reservarse para aquellos graduados de escuelas secundaria públicas.

El Senado aprobó el proyecto de ley, redactado por Nice Lobão (PSD-MA), el 7 de agosto.

“Tenemos un doble desafío: en primer lugar, debemos crear un sistema justo de acceso a las universidades y, segundo, debemos garantizar una educación de calidad basada en mérito", dijo la presidenta Rousseff tras la firma de la ley durante una ceremonia en el palacio de Planalto de Brasília.

En 2010, unos 302 mil estudiantes se matricularon en universidades federales según el Censo de Educación Superior, el cual es publicado anualmente por el Instituto Anísio Teixeira para Estudios Educativos e Investigación (INEP). Si el número de matrículas se mantuviera, eso significaría que, según la nueva ley, 150 mil de los nuevos estudiantes vendrían de escuelas del sistema público, que es donde a menudo los niños de las familias de bajos recursos reciben su educación.

“Esta ley va a crear una revolución a nivel de educación superior, dando acceso a las universidades a nuestros ciudadanos más pobres”, dijo Paim, quien presentó el proyecto de ley.

La mitad de los cupos reservados por este sistema de cuotas (25% del total) será asignada a estudiantes cuyos recursos familiares no excedan el mínimo salarial multiplicado por 1,5 – o sea R$933 (US$460) por mes– sin tomar en cuenta factores étnicos.

La otra mitad será asignada a estudiantes que se graduaron de escuelas secundarias públicas y que se identifican como brasileños negros, pardo (mezcla de negro, blanco e indígena) o indígenas, sin tomar en cuenta los ingresos familiares.

En caso de que los cupos reservados para dichos grupos no sean utilizados en su totalidad, serán ofrecidos a estudiantes de escuelas públicas sin considerar factores raciales o niveles de ingresos.

Criterios de selección de estudiantes

Rousseff solamente vetó el Artículo No. 2 del proyecto de ley, que estipulaba que los estudiantes debían ser seleccionados según sus notas de la escuela secundaria. Como resultado de lo anterior, el criterio para seleccionar a los estudiantes y llenar las cuotas será el mismo para todos los solicitantes: su nota en el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENEM).

Tras la aprobación de la ley, las universidades tendrán cuatro años para implementar los cambios.

El senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), único congresista que votó en contra del proyecto de ley en el Senado, dice que: “Las universidades tienen un papel importante en la promoción de la igualdad pero son, ante todo, lugares para capacitar a profesionales de alto calibre”. (Cortesía Waldemir Barreto/Agência Senado)

Después de 10 años de vigencia, el Ministerio de Educación (MEC) y el Secretariado para la Promoción de Igualdad Racial (SEPPIR) evaluarán y decidirán si se debe mantenerse el sistema de cuotas.

La aprobación del sistema de cuotas se produce menos de cuatro meses después de que la Corte Suprema de Brasil (STF) dictaminara que las políticas de acción afirmativa implementadas en las universidades federales son constitucionales. Tales iniciativas, generalmente temporales e implementadas a nivel de estado, buscan disminuir la desigualdad entre brasileños de diferentes etnias, género, creencias religiosas y nivel social.

Una ley que crea controversia

En los últimos 10 años, 330 mil estudiantes universitarios en Brasil, de los cuales 110 mil son de ascendencia africana, se han beneficiado del sistema de cuotas en las universidades públicas, según la ONG Educafro.

Con la recién aprobada ley, que ha sido debatida en el Congreso desde 1999, se espera que el número aumente.

“Esta es la culminación de una lucha de 13 años para garantizar que la gente negra y la gente pobre producto del sistema de educación público tengan acceso a universidades públicas de calidad”, afirma David Santos, director ejecutivo de Educafro.

En los últimos 20 años, Santos ha ayudado a 40 mil estudiantes de etnia africana y bajos recursos a inscribirse en instituciones superiores, ofreciendo cursos gratuitos de preparación para el examen brasileño ENEM.

Mientras que algunos aplauden otros la critican.

“El gobierno tiene una deuda con la gente que no ha recibido una educación de calidad, pero no debe crear una nueva deuda [en relación con los estudiantes que serán afectados de forma negativa]”, afirma Amabile Pacios, presidente de la Federación Nacional de Escuelas Privadas (FENEP), la cual pretende llevar el caso ante los tribunales.

Según la FENEP, la ley viola los derechos de todos los otros estudiantes con acceso a las universidades federales.

El senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) fue el único que votó en contra del proyecto de ley. Nunes Ferreira cree que un sistema de cuotas obligatorio podría resultar en una disminución de la calidad de la educación ofrecida.

“La mayoría de universidades ha adoptado algún tipo de sistema de cuotas, pero no existe un estándar a nivel nacional”, dice el senador Paulo Paim (PT-RS), quien presentó el proyecto de ley. “El mínimo establecido fue de 50%. El resto depende de las universidades”. (Cortesía Waldemir Barreto/Agência Senado)

“Las universidades tienen un papel importante en la promoción de la igualdad pero son, ante todo, lugares para capacitar a profesionales de alto calibre”, dijo Ferreira durante una sesión plenaria. “Esto justifica la necesidad de criterios establecidos para el proceso de inscripción”.

Carlos Nanechy, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Instituciones Federales de Educación Superior (ANDIFES), no es del mismo parecer que Nunes Ferreira.

“El rendimiento de los estudiantes admitidos por medio del proceso normal y de estudiantes admitidos por medio del sistema de cuotas es el mismo”, afirma Nanechy, quien es también rector de la Universidad Federal de Pará (UFPA). “Y, cuando de ausentismo se trata, la tasa es más alta entre aquellos que no fueron admitidos por medio del sistema de cuotas”.

Durante los últimos cinco años, la UFPA ha reservado 50% de sus 40 mil cupos para estudiantes provenientes de escuelas públicas. Cuatro de cada cinco de los cupos establecidos por el sistema de cuotas van a estudiantes de ascendencia africana.

Nanechy, quien apoya la acción afirmativa, está de acuerdo con Ferreira en un punto: la ley viola el derecho constitucional de autonomía de las universidades.

“¿Perdieron las universidades su autonomía cuando EE UU adoptó un sistema de cuotas en los años 60?”, pregunta Paim, para luego agregar que el concepto de soberanía tiene precedencia sobre el de autonomía. “Lo que estamos haciendo es reconocer a aquellos que han sido excluídos por las élites sociales”.

Estadísticas sobre el sistema de cuotas:

• 66% de los brasileños se dice a favor de un sistema de cuotas, según una encuesta llevada a cabo por el Senado en 2011.
• 160 universidades públicas han adoptado iniciativas de acción afirmativa, incluyendo 32 estatales y 38 federales con sistema de cuota racial.
• La universidad de Brasilia (UnB), una de las primeras en adoptar el sistema, reserva 20% de los cupos para estudiantes brasileños negros, multiraciales e indígenas. De 2002 a 2011, 5.396 estudiantes se inscribieron en la universidad por medio del sistema de cuotas.
• Los estudiantes de escuelas privadas obtuvieron calificaciones 17% más altas que los estudiantes de escuelas públicas en el examen ENEM 2010, según reveló una encuesta hecha por el periódicoO Estado de S. Paulo.