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2009-04-01

Prisión preventiva para 30 narcotraficantes en México

Helena Martell

Diversos jueces federales en México dictaron auto de formal prisión contra 30 presuntos operadores del cártel de Tijuana y del capo de la droga, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo Guzmán”. Los jueces asignados exclusivamente a este tipo de casos re

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Vicente Zambada Niebla, alias 'El Vicentillo' (C), uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, encabezado por el entonces fugitivo Joaquin Loera, alias 'El Chapo Guzmán', es presentado a la prensa entre otros narcotraficantes que luego fueron sentenciados a prisión preventiva por los jueces de control de la PGR, el 19 de marzo de 2009 en la capital mexicana.

Vicente Zambada Niebla, alias 'El Vicentillo' (C), uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, encabezado por el entonces fugitivo Joaquin Loera, alias 'El Chapo Guzmán', es presentado a la prensa entre otros narcotraficantes que luego fueron sentenciados a prisión preventiva por los jueces de control de la PGR, el 19 de marzo de 2009 en la capital mexicana.

MÉXICO D.F.,  México – Jueces federales en México ordenaron prisión preventiva para 30 presuntos narcotraficantes de los cárteles de Tijuana y de Sinaloa, éste último comandado por el capo de la droga Joaquín “El Chapo Guzmán” Guzmán Loera, mientras duren los procesos judiciales, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

De los detenidos, 12 están relacionados presuntamente con Guzmán Loera y serán procesados por los delitos de acopio y portación ilegal de armas, difundió El Universal.  Por otra parte, la PGR indicó que también se inició proceso contra 11 sujetos presuntamente relacionados con el cártel de Tijuana, específicamente bajo las órdenes de Teodoro García Simental, “El Teo”, quienes fueron acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y portación de armas y cartuchos prohibidos.

En los estados de Nayarit y Jalisco también se dictó auto de formal prisión contra cuatro personas por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos ilícitos, publicó Notimex, mientras que en el Estado de México se inició proceso penal contra tres individuos más por presuntas acciones vinculadas al narcotráfico.

Estas acciones forman parte de las medidas implementadas por el Gobierno de México para el combate frontal contra el crimen organizado, y preceden a las disposiciones del 12 de noviembre de 2008 emitidas por el Poder Judicial de la Federación (PJF), que establecieron la nominación de  seis jueces “de control”, quienes por primera vez en la historia judicial de México, se encargan única y exclusivamente de combatir al narcotráfico.

Los jueces de control, previstos en la reciente reforma constitucional en materia de justicia penal, se encargan de autorizar, señaló Excélsior, órdenes de aprehensión, de cateos, de arraigos, de aseguramiento de bienes y de intervenciones de comunicaciones por internet, teléfono o fax, en casos relacionados con el crimen organizado.

Por su seguridad personal, y a fin de garantizar la confiabilidad y la invulnerabilidad del sistema, el PJF mantiene en reserva los nombres de estos seis jueces; aunado a ello, reforzó la protección de los jueces y magistrados amenazados por el narcotráfico, principalmente en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. De acuerdo a El Informador, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgó protección con escoltas y vehículos blindados a algunos de los jueces que se encuentran en entidades como Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, Baja California y Chihuahua.

Según el mismo medio, informes del gobierno federal señalaron que en años recientes, más de 20 por ciento de los jueces y magistrados encargados de resolver procesos penales en material de narcotráfico y delincuencia organizada recibieron amenazas y necesitaron algún tipo de protección.

Elvia Díaz de León, consejera de la Judicatura Federal, reveló a Excélsior que en noviembre de 2008, existían “más de 30 jueces y magistrados” con protección especial.  Por lo menos, cinco más de los que había en febrero de 2008, concentrados en Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora, el Estado de México y el Distrito Federal, todas plazas controladas por organizaciones como las de los hermanos Arellano Félix, el cártel del Golfo, los del Milenio y Juárez.

 

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